Luego de seis años de largos trámites
No fue nada barato. Según se pudo saber, traer por la fuerza al expresidente de la República, Alejandro Toledo no ha resultado ser ni sencillo y económico. Ocurre que el Estado se habría visto en la necesidad de gastar hasta dos millones de soles para lograr su cometido.
El investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, en el marco de los casos Ecoteva e Interoceánica, llevaba en territorio norteamericano desde el 2017.
En aquel año, Jorge Barata, colaborador eficaz y exdirectivo de la constructora Odebrecht, aseguró que la compañía brasileña entregó millonarios sobornos a Toledo. Por ello, en aquel entonces, la Fiscalía solicitó meses más tarde que el imputado sea deportado.
Durante el procedimiento de extradición, a cargo del magistrado Thomas S. Hixson, el Estado peruano pagó al menos dos millones de soles al estudio jurídico Foley Hoag LLP, por servicios de representación en EE.UU.
Según se indica, se realizaron diversos montos entre junio del 2019 y marzo de este año; las diligencias sobre el pedido fiscal iniciaron casi dos años después de su presentación ante la justicia norteamericana.
Ocho pagos de un total de S/ 1 millón 532 mil 766 se desembolsaron al citado estudio, confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —según el medio citado— en el año 2019.
Mientras tanto, el siguiente año, se pagó S/ 361.255 a Foley Hoag en medio del avance de la solicitud de extradición.
Posteriormente, en el 2021, se reportó que una suma de S/ 44.178 fue cancelada a la representación legal. Este se realizó en cinco pagos.
El seis de abril del año pasado, por otro lado, se firmó un tercer acuerdo y se desembolsó S/ 187.149. Finalmente, el último gasto se suscitó el siete de marzo del 2023.
Se registra, además, que estas entregas no ocasionaron una ampliación presupuestal debido a que, en un primer acuerdo entre ambas partes, se calculó un pago de poco más de US$ 1 millón.
