Entidades internacionales rechazan proyecto del Congreso contra las ONG

Las embajadas y delegaciones internacionales advierten sobre los posibles efectos adversos en la democracia y las organizaciones de la sociedad civil

por | Jun 11, 2024 | Actualidad, Política

Las embajadas y delegaciones internacionales advierten sobre los posibles efectos adversos en la democracia y las organizaciones de la sociedad civil

Ayer, 10 de junio, 16 embajadas y delegaciones internacionales, incluyendo la Unión Europea, manifestaron su preocupación a través de la red social X sobre las propuestas de enmiendas a la Ley 27692, que regula la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La preocupación se centra en que las modificaciones impulsadas por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, podrían restringir significativamente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú.

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En un comunicado firmado por las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea, se señala que estas enmiendas podrían afectar negativamente la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en el país. «Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos», indicaron.

Organizaciones nacionales se pronuncian

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, expresó desde Cajamarca su preocupación por el proyecto de ley respaldado por varios parlamentarios fujimoristas. Ledesma afirmó que las ONGs no quitan recursos al Estado, sino que reciben aportes para suplir la ausencia estatal en ciertas áreas.

Por su parte, organizaciones de pueblos indígenas también se han unido al rechazo de la iniciativa. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) criticó las propuestas que obligan a las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de cooperación internacional a registrarse en la APCI y enfrentar sanciones, que van desde amonestaciones hasta multas de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), suspensión temporal y cancelación del registro.


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