La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra 11 parlamentarios por la aprobación de una ley que beneficia a los policías y militares en retiro, al permitirles percibir su pensión de forma simultánea con una remuneración del Estado.
La medida fue beneficiosa para la familia policial militar porque permitió a los retirados seguir desempeñando labores para el Estado, incrementando sus ingresos mensuales. Sin embargo, la Fiscalía decidió adoptar esta medida debido a que cinco de los legisladores eran policías y militares en retiro, por lo que también se habrían beneficiado con la doble percepción de ingresos.
En sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia, realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, comprende a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.
Estos parlamentarios son denunciados por «sus actuaciones como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, período 2021-2022, como presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado», dice el comunicado de la Fiscalía.
CINCO CONGRESISTAS
El Ministerio Público indica que a los denunciados se les atribuye «haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR con su texto sustitutorio, con el cual permitieron» que cinco congresistas «accedan a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea».
La Fiscalía puntualiza que los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza.
Ellos -continúa el comunicado del Ministerio Público- accedieron a las dos percepciones económicas «sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y de la Policía Nacional del Perú (en el caso de Azurín Loayza).
