En enero, la Fiscalía requirió 34 años de condena contra el expresidente y 15 para Aníbal Torres. Sin embargo, el juzgado a cargo del caso no da inicio a la fase previa al juicio.
El 12 de enero, la Fiscalía formalmente presentó ante el Poder Judicial la acusación por el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo. En el documento, se solicitó una condena de 34 años de prisión para el expresidente, 25 años para sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y 15 años para Aníbal Torres. A pesar de ello, tres meses después, aún no se ha convocado a audiencia, lo que indica un estancamiento en el proceso.
El juicio a Pedro Castillo y los demás involucrados en el golpe de Estado, donde se busca determinar la verdad y las responsabilidades sobre los hechos del 7 de diciembre, aún no está próximo. Paralelamente, la orden de prisión preventiva para Castillo en este caso vencerá a mediados de junio próximo, aunque la Fiscalía podría solicitar una prórroga antes de dicha fecha.
«Recorrido por el caso de Pedro Castillo»
Durante la gestión de Chinchay, el Ministerio Público remitió el 12 de enero el requerimiento acusatorio y toda la carpeta fiscal del caso al Juzgado Supremo de Investigación de Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley. Sin embargo, aún no se ha convocado a audiencia de control de acusación, lo que ha generado demoras en el proceso.
La demora se atribuye a la complejidad del caso, limitaciones de personal y a la alta carga del juzgado de Checkley, que se encarga de todos los casos de altos funcionarios que están en etapa de investigación y en control de acusación. El caso del golpe de Estado es solo uno de los muchos casos que tiene a su cargo, lo que ha generado un cuello de botella en el sistema judicial peruano. Una alternativa sugerida es que la Corte Suprema cree un segundo juzgado supremo de Investigación Preparatoria para aliviar esta carga procesal.
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