El caso de Russell Robles, exabogado de Andrés Hurtado, ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y ético tras su reciente declaración ante la Fiscalía. No solo confesó haber recibido dinero de su entonces cliente con el propósito de sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley, sino que aunque no entregó la suma, la utilizó para saldar deudas personales. Este hecho ha puesto en el centro de atención no solo las posibles sanciones penales, sino también las implicaciones éticas y profesionales que enfrenta el abogado.
De acuerdo con el testimonio presentado por Robles, el dinero le fue entregado el 7 de diciembre de 2024 en su departamento ubicado en San Borja. Aunque el soborno no se concretó, expertos legales concluyeron que el delito de tráfico de influencias no requiere que la influencia sea real para que exista una sanción, por lo que no solo afrontaría penas privativas, también podría ser inhabilitado.
Según explicó el abogado Dino Carlos Caro en sus redes sociales, este tipo de delito también abarca situaciones en las que se simula tener influencias para obtener beneficios económicos. “El delito da lugar a sanción incluso cuando el traficante de influencias utiliza o alardea de influencias mentidas o simuladas. No hace falta que la influencia exista. Y en este caso, esa podría ser una posibilidad”, afirmó Caro, quien además citó el artículo 400 del Código Penal, en el que se establecen penas de entre 4 y 6 años de prisión para quienes, invocando influencias reales o simuladas, reciban o soliciten beneficios con el propósito de interceder ante un funcionario público.
No obstante, según mencionó, el caso no solo se limita al delito de tráfico de influencias. La Fiscalía también podría investigar a Robles por el delito de cohecho, regulado en el artículo 398 del Código Penal, el cual establece penas más severas para abogados que incurren en actos de corrupción, con condenas que oscilan entre 5 y 8 años de prisión, además de inhabilitación profesional y multas económicas. En este contexto, si se determina que Robles tenía la intención de influir en un funcionario público, aunque el soborno no se haya concretado, podría enfrentar hasta 8 años de cárcel.
