Ad portas del inicio del juicio oral en contra de Susana Villarán por haber recibido 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria y para su reelección, durante su gestión como alcaldesa de Lima, el abogado Wilber Medina sostuvo que se debe dictar detención domiciliaria para Villarán. La fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión para la exburgomaestre.
Ello, según dijo Medina en entrevista con Trivu TV, evitaría que la exburgomaestre capitalina le siga los pasos a la ex primera Nadine Heredia, quien fue asilada por el Gobierno de Lula da Silva en Brasil, pese a su condena de 15 años de cárcel por lavado de activos.
«A la luz de la mala experiencia en el caso Nadine, que está probado que ella ingresa a la Embajada de Brasil antes del adelanto de fallo, yo creo que la señora Villarán, una vez que se inicie el juicio oral, el fiscal responsable debería pedir detención domiciliaria para asegurar su arraigo y luego no tengamos su ingreso a alguna embajada, como la de Brasil u otras», manifestó el letrado.
Agregó que «lo mejor que les pudo pasar a los corruptos del Perú por el caso Lava Jato es que Lula haya regresado en el poder en Brasil».
«Yo creo que Brasil va a ser el destino de todos los funcionarios públicos que han recibido dinero del país carioca, porque el corruptor tiene que darle cobijo a sus corrompidos», mencionó el jurista.
Cabe señalar que el lunes 23 de junio, el Poder Judicial evaluará si la exmandataria de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, afrontará la investigación por el caso Línea Amarilla con o sin ninguna restricción. Esta decisión está manos del juez Jorge Chávez Tamariz.
La audiencia será a las 9:30 horas y de manera virtual, donde el magistrado examinará si procede declarar la caducidad del mandado de comparecencia con restricciones que impuso a Villarán de la Puente en esta investigación preparatoria que sigue el Ministerio Público por los delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
Además, el magistrado evaluará si declara la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones impuesta a los exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Augusto Rey Hernández y otras cuatro personas que están comprendidas en este proceso penal.
De acuerdo a la investigación que sigue a Susana Villarán, la exalcaldesa habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en 2012, lo que permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.
Asimismo, Villarán afronta otro proceso penal por presuntos aportes ilegales de más de 11 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar tanto su campaña por el “NO” a su revocatoria en 2013 como para su reelección en sillón municipal en 2014.
