Perú debe hacerlo junto a Colombia, Ecuador y Bolivia, países de derecha con los que hay afinidad en la manera de concebir combate a criminalidad organizada y que han sufrido los sesgos de CIDH y Corte IDH

VALERIA PONCE

El exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay, abogado internacionalista y docente universitario, plantea que el Perú denuncie el Pacto de San José de Costa Rica y se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos, para luego impulsar, junto a Colombia, Ecuador y Bolivia, una Corte Andina de Derechos Humanos.

— ¿Cree que el Perú debería denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos? De hacerlo, ¿qué mecanismo supranacional lo reemplazaría?

Yo sí creo que debe haber una reforma profunda, solo que los matices que tengo para entender una verdadera reingeniería del sistema interamericano de derechos humanos pasarían, a mi juicio, por la decisión soberana y unilateral del Perú de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos. Para que el Perú no quede huérfano de supranacionalidad, podríamos consensuar con los países de la subregión andina, que ha sido mi planteamiento desde hace buen tiempo, un sistema supranacional subregional, no hemisférico ni continental, en el marco de la Comunidad Andina.

Estamos en una de las mejores coyunturas para eso, porque los gobiernos de los países miembros de la subregión andina son afines: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú son gobiernos de derecha, y hay afinidad en la manera de concebir el combate a la criminalidad organizada y a los sesgos que hay contra los verdaderos derechos humanos. Podríamos tener una supranacionalidad como una Corte Andina de Derechos Humanos, un tribunal andino de derechos humanos, tal como lo propuse en 2017 y 2018, y como lo reiteré ante el Parlamento Andino en 2023, para que de manera consensuada el Perú pudiera pensar seria y profundamente en aplicar la pena de muerte. Entiendo que esta es una decisión que tendría que ser evaluada por el gobierno del Perú; ellos son los que se han ganado el derecho a decidir el matiz de esa reforma. Reitero que considero que debe haber una reingeniería total del sistema interamericano, porque es un sistema que se ha alejado del panamericanismo histórico y está dominado por los sesgos.

— ¿La pena de muerte estaría incluida sí o sí dentro de esta reforma, o existe otra propuesta viable para enfrentar la inseguridad?

Tengo mucho respeto por aquellas propuestas que no contemplan la pena de muerte, y si el gobierno del Perú no la considera, también lo respeto, porque ellos son los que se han ganado el derecho a decidir el formato para vencer a la criminalidad, no Rodríguez Mackay. Pero si me preguntan cuál es mi matiz y mi estilo, soy de los que creen que la democracia peruana debe ser una democracia absolutamente apegada a la ley y a la Constitución, pero una democracia fuerte, una democracia que se respete. Y creo que el Perú, para respetarse como una democracia fuerte, necesita aplicar la pena de muerte. Lo he dicho desde hace varios lustros, no de ahora; lo digo desde la academia, como profesor universitario. Pero soy respetuoso de las decisiones que pueda tomar el gobierno del Perú.

— ¿Cuál es la necesidad de una reforma profunda en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Es viable en el actual contexto político?

El gobierno del Perú tiene todo el derecho de poder hacer prognosis de reformas profundas o parciales al sistema interamericano de derechos humanos. Conforme a la Constitución, la presidenta del Perú dirige la política exterior y, por tanto, tiene el legítimo derecho de llevar adelante estos cambios. Entiendo que esto obedece a las reflexiones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y diría que el sistema interamericano de derechos humanos, desde hace buen tiempo, necesita una reingeniería profunda. Es un sistema jurídico de derechos humanos completamente sesgado, que mirando el caso peruano nunca lo ha visto con objetividad ni con el equilibrio que nos merecemos. Por esa razón ha sido un sistema de espaldas a la realidad que nos tocó vivir en los años 80 y parte de los 90, cuando el Estado peruano se puso los pantalones y recién en esa década pudo vencer al terrorismo.

— El ministro Ernesto Álvarez ha planteado restringir las visitas nocturnas a políticos en los penales, tras conocerse las visitas de este tipo al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. ¿Esta propuesta debería aplicarse con mayor firmeza?

Creo que las visitas en la oscuridad no siempre son buenas visitas, y las visitas durante el día nos dan la claridad que las justifica. Las visitas nocturnas no son pertinentes ni oportunas; deben ser de día, porque se hacen con la luz de la transparencia. En segundo lugar, creo que estas reformas deberían buscar la compatibilidad entre los derechos humanos y el verdadero sentido de la resocialización. Tenemos un sistema penitenciario que necesita una reforma profunda, y por eso creo que los reos deberían trabajar, abrir surcos, salir a las calles a coadyuvar en diversas tareas que les permitan una verdadera resocialización. Nadie se resocializa entre cuatro paredes con el confinamiento carcelario; así como la gente en las calles debe ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, los presos también deben hacerlo en la cárcel.

Además, mirando la criminalidad organizada, nacional y transnacional, donde va a haber una acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que de manera acertada el gobierno del Perú ha decidido articular, estoy persuadido de que, para que sea eficaz y efectiva, habría que evaluar los resultados de esa eficacia, empoderando cada vez más a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y eso tiene que saberlo el sistema interamericano de derechos humanos, porque los derechos humanos no son solo de quienes imputan responsabilidad a los policías y militares, sino de todos.

— ¿Cómo podría el Perú liderar concretamente este proceso de cambio dentro de la OEA, aprovechando la actual afinidad ideológica con otros gobiernos de la región?

Creo que debe haber una reforma en el sistema interamericano, pero lo más importante es cambiar la mentalidad llena de sesgos e ideologías que ha dominado a quienes han estado al frente del sistema interamericano de derechos humanos en las últimas décadas. Eso hay que cambiarlo, y el Perú debería promoverlo en el marco de la subregión y de una América Latina con enormes afinidades de gobierno, en este caso de derecha, siendo uno de los verdaderos promotores en la OEA de esta nueva corriente. Es el mejor momento para una verdadera reforma profunda; hay que aprovechar las afinidades en las políticas exteriores de América Latina para lograr ese objetivo.