Confirma que US$ 3 millones para la campaña del «No» salió de ‘CAJA 2’
La fiscal adjunta de Germán Juárez, Angela Zuloaga, interrogó en la Procuraduría de Salvador Bahía (Brasil) a María Lucía Guimaraes por los presuntos aportes que habría entregado Odebrecht a la campaña por el “No” a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Guimaraes fue funcionaria de la División de Operaciones Estructuradas o también conocida como la “Caja 2”, en la que la constructora brasileña distribuía los sobornos a distintos políticos de Latinoamérica, a cambio de obras.
En la diligencia también participó la procuradora adjunta Silvana Carrión. De acuerdo a diversas fuentes, el interrogatorio a Guimaraes fue “satisfactorio” para el Ministerio Público e “importante” para la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue a Villarán.
La exdirectiva habría confirmado que el desembolso de US$ 3 millones, que según la Fiscalía solicitó la exalcaldesa de Lima a Jorge Barata para la campaña por el “No” a la revocatoria, salió de la División de Operaciones Estructuradas.
Como se sabe, el proyecto Rutas de Lima fue adjudicado a Odebrecht por la gestión de Villarán en septiembre del 2012. Otras fuentes indicaron que Jorge Barata también será consultado por el caso de la exalcaldesa en los interrogatorios del 22 al 26 de abril en Brasil.
Como se sabe, Villarán es investigada por el despacho del fiscal Germán Juárez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
Uno de los casos por los que se la investiga es por el financiamiento de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación en el 2013 por parte de las constructoras Odebrecht y OAS.
Según la tesis fiscal, el dinero habría sido entregado al entonces gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, con conocimiento de la ex alcaldesa, a cambio de beneficiar a las compañías brasileñas con la firma del contrato Rutas de Lima y por una adenda del proyecto Línea Amarilla, respectivamente.
El segundo caso por el que Susana Villarán es investigada es por las presuntas irregularidades en la concesión de la Línea Amarilla y la adenda N° 01, que, entre otras modificaciones, extendió el tiempo de concesión de los peajes de la obra de 30 a 40 años a favor de OAS.
La tercera investigación que se le sigue es por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS a su campaña de reelección a la Alcaldía de Lima en el 2014.
El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra Villarán y Castro el 28 de noviembre del 2017. Posteriormente, esta medida se amplió hasta julio de este año.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que “Susana Villarán está en una investigación preparatoria, por lo que en cualquier momento puede variarse el impedimento de salida por una prisión preventiva”.
Agregó que, en caso de que Jorge Barata dé nuevos elementos que impliquen a la exalcaldesa, sería justificada una prisión preventiva.
“Por lo menos esa es la tónica que ha sucedido en otros casos incluso menos graves en los que –ya habiendo indicios de por medio en una investigación preparatoria– la declaración de un colaborador es más que suficiente para poder variar la comparecencia con impedimento de salida del país por una prisión preventiva”, opinó.
El equipo especial del Caso Lava Jato interrogará a Jorge Barata entre el 22 y el 26 de abril.
