Entrevista al expresidente de la República, Manuel Merino
Pablo Carranza
El expresidente de la República Manuel Merino denunció que la “delincuencia ha llegado a niveles insospechados” debido a que la Policía Nacional del Perú está en completo estado de abandono por parte del Estado y de la ciudadanía, lo que se evidencia en la “estigmatización” y “abuso mediático” al que es sometida la institución como producto de la situación caótica en la que se encuentra nuestro país desde el 2020.
En declaraciones al diario La Razón, dijo que al no contar con el respaldo político -y también económico- los agentes policiales no están en condiciones para hacerle frente a las “experimentadas” bandas criminales que ahora son comandadas en su mayoría por venezolanos y colombianos que entran a nuestro país sin control alguno, desde el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
¿Usted cree la Policía peruana tenga la suficiente capacidad para frenar la ola de inseguridad ciudadana?
La policía nacional es una institución que tiene hombres valientes y honorables, pero no les podemos pedir que vayan a la guerra con tenedor, como se dice. Es importante que las políticas y estrategias implementadas para enfrentar la inseguridad ciudadana sean planificadas profesionalmente, pero con el apoyo de las autoridades gubernamentales. No podemos usarlos cuando hay marchas violentas y después dejarlos solos cuando hay consecuencias mortales.
¿Quiere decir que el gobierno de Dina Boluarte no respalda a la Policía?
Desde el año 2020 las fuerzas policiales prácticamente están en completo estado de abandono por parte del Estado y también de la ciudadanía que ha estigmatizado a su Policía. Ya nadie respeta a la institución, ni siquiera los extranjeros que delinquen en nuestro país. Eso además de la falta de recursos adecuados, como vehículos, armamento, tecnología y capacitación, todo ello limita la capacidad operativa de la policía, lo que afecta su capacidad para combatir el crimen de manera efectiva.
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¿Cree que también fallan las coordinaciones con otras instituciones públicas, como, por ejemplo, las municipalidades distritales?
Por su puesto, cuando no hay unificación de criterios entre la policía y otros organismos como las municipalidades se afectan sus acciones y se genera una imagen de ineficiencia. Hace poco estuve en Guayaquil y me sorprendió que cada taxi tiene cámaras conectadas con la central policial. Si queremos luchar contra la inseguridad ciudadana se requiere una acción conjunta y coordinada entre la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones involucradas en la seguridad y la justicia. Promover la colaboración y el intercambio de información entre estas entidades debe ser una prioridad.
Siempre se insiste en fortalecer el enfoque de los derechos humanos en la Policía ¿ese también es un aspecto importante?
Si la Policía no recibe una formación adecuada, actualizada y enfocada en los derechos humanos, puede haber problemas en la forma en que responden a situaciones y tratan con la ciudadanía. Ya lo hemos visto en las marchas violentas, que cuando hay muertos inmediatamente comienza el abuso mediático de un cierto sector de la prensa. Pero eso pasa a un segundo plano cuando ves que la delincuencia ha llegado a niveles insospechados en los últimos años.
Me mencionó el caso de Guayaquil ¿a su criterio nuestra PNP está desfasada tecnológicamente?
Lamentablemente sí, es esencial proporcionar a la policía los recursos y la tecnología adecuados para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. Esto incluye la adquisición de equipos de comunicación modernos, sistemas de vigilancia, vehículos y herramientas para el análisis criminal, sino cómo se puede hacer frente a las bandas llenas de colombianos y venezolanos. Además de la respuesta a los delitos ya cometidos, es fundamental trabajar en la prevención.
¿Qué opina de la implementación de la pena de muerte?
Por ahora eso es ir demasiado lejos, primero tienes que aprender a gatear, después a pararte, después caminar y más adelante correr. Antes que eso, primero quisiera tener un sistema de justicia eficiente y ágil, que es crucial para disuadir a los delincuentes y garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia. Esto incluye trabajar en la reducción de la impunidad y en la mejora de la capacidad investigativa y judicial.
