Se debe acreditar el enojo de las autoridades por comportamiento indebido del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Ante la indebida intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), con sede en San José de Costa Rica, instando al Estado Peruano a no aprobar el proyecto de ley en trámite para precisar la irretroactividad del Estatuto de Roma sobre imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, la presidenta de la República conjuntamente con el presidente del Congreso, han enviado una carta a la presidenta de la Corte Interamericana (IDH), instándola a no seguir entrometiéndose en temas de exclusiva competencia de las autoridades peruanas.
Sobre el particular, quien fuera representante del Perú ante la OEA así como presidente del Poder Legislativo, Antero Flores-Araoz, afirmó que como complemento a la carta de protesta del Perú, se deben tomar acciones concretas que acrediten el enojo de las autoridades nacionales y de la ciudadanía, por el comportamiento indebido del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al inmiscuirse en temas que son de incumbencia, exclusiva y excluyente, de las autoridades peruanas.
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Flores-Araoz dijo que si bien la carta de los presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo, fechada el 5 de julio, recién ha sido conocida y por más de su educada y acertada redacción, ella no es suficiente, pues el Perú debe dar un mensaje contundente de su enfado y protesta, para lo cual propuso dos acciones concretas.
La primera medida debería ser la inmediata promulgación por el Poder Ejecutivo de la ley aprobada en el Parlamento Nacional, por la que se declara que la irretroactividad señalada en el Estatuto de Roma para los delitos de lesa humanidad, en nuestra patria no lo puede ser considerada, pues nuestra Constitución, acorde con milenaria doctrina jurídica, dispone que las normas legales, incluido tratados, no tienen efecto retroactivo.
La segunda medida es que la presidenta Boluarte, se desista de su observación a la ley aprobada en el Congreso, nombrando una Comisión de altísimo nivel para evaluar todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, proponiendo las modificaciones que resulten adecuadas, a fin de llevarlas a la Asamblea de la OEA para hacer los correctivos en los instrumentos internacionales de dicho Sistema, lo que evitará decisiones inapropiadas y con sesgo ideológico que impide objetividad e imparcialidad. Si la señora presidenta no promulga dicha Ley, el Congreso debería aprobarla y promulgarla de inmediato y sin más retrasos.
