Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, consideró que se debe iniciar una investigación a los involucrados en el acuerdo de la Fiscalía contra la empresa Odebrecht. Vale decir a los cuestionados fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
La también asesora de la bancada de Renovación Popular expresó que este arreglo fue una “ofensa” para los peruanos en la lucha contra la corrupción.
No obstante, Ampuero saludó como positivo la decisión de abrir al público los detalles de estos acuerdos hacia la transparencia, permitiendo a los ciudadanos y a las autoridades hacer un seguimiento de las negociaciones.
Uno de los puntos más críticos es que, a pesar de la importancia del acuerdo, muchos detalles clave, como los beneficios a cambio de qué, no fueron revelados al público.
Las negociaciones, como las relacionadas con el gasoducto y las rutas de Lima, se consideran lesivas para los intereses del Estado peruano, y los acuerdos de reparación civil fueron calificados como irrisorios, especialmente considerando el daño causado por la corrupción.
Cabe señalar que según el acuerdo la empresa corrupta iba a pagar 610 millones de soles en 15 años, sin embargo, se le permitió a sus directivos vender sus empresas en el Perú para tener liquidez, entre ellas la venta de Chaglla por 1,400 millones de dólares, de los cuales más de 500 millones retenidos para el pago de reparación civil fueron devueltos gracias a las gestiones del equipo Lava Jato.
La falta de información sobre otros pagos ilícitos en obras importantes también genera sospechas de que no se ha llegado a la verdad completa.
“Nosotros somos los agraviados en ese proceso. Tenemos derecho a que se nos informe cómo negociaron la Fiscalía, la Procuraduría y los corruptos de Odebrecht porque se trata de nuestros intereses. Saludo la decisión del Tribunal Constitucional”, expresó.
“Ahora tienen que asumir las responsabilidades no puede quedar simplemente nos equivocamos, hicimos una mala negociación”, agregó.
“En ese sentido tiene que reabrirse una investigación en contra de ellos y yo creo que estamos hablando de aquí de un reexamen, es decir de una reapertura porque ellos sí fueron denunciados en su oportunidad”, continuó.
Por su parte, Wilber Medina, abogado que llevó adelante demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz entre Fiscalía y Odebrecht, calificó de “histórico” el fallo que ordena la entrega de esa información, pues ahora la ciudadanía podrá conocer todos los convenios que suscribió el Ministerio Público.
Wilber Medina incidió además que con el fallo se sabrá la fecha de las firmas de dichos convenios. “A partir de hoy todos los acuerdos de colaboración suscritos entiéndase, Odebrecht, Obrainsa y más personas naturales y jurídicas tienen y deben ser de acceso y de conocimiento público deben ser colgados en la página web de la Fiscalía de la Nación, a partir de cuándo. Cuando se suscribe el convenio de colaboración, a partir de ahí puede y debe hacerse público”, indicó.
A su turno, Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial (PJ), se mostró en contra de que haya documentos “secretos” de interés nacional.
“No puede haber documento secreto de interés nacional, salvo que sean militares”, remarcó Arévalo Vela en relación con la medida adoptada por el TC.
“Si es un documento que tiene que ver con un acuerdo de colaboración eficaz, con una transacción o una conciliación, no veo la razón para que sea secreto”, indicó el titular del PJ.
