Phillip Butters presenta Habeas Data para acceder a cuestionado convenio
El comunicador Phillip Butters informó que, junto al abogado Wilber Medina, ha presentado un habeas data para acceder al acuerdo de colaboración eficaz que firmó la Fiscalía con la corrupta constructora Odebrecht.
Recordemos que, en dicho pacto, la empresa brasileña solo se compromete en pagar 610 millones de soles de reparación civil, al haber admitido delitos en 4 obras: Carretera Interoceánica Sur, Línea 1 del Metro de Lima, Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde Callao.
«Como está homologado, el acuerdo debe ser de conocimiento público», expresó Medina.
«Se ha presentado una acción que se llama habeas data, que permite que el juez constitucional ordene (a Domingo Pérez) que se entregue (el acuerdo)», agregó.
En ese sentido, el jurista indicó que el magistrado Dennis Gutarra le ha dado 10 días a Pérez para que conteste sobre la solicitud.
El acuerdo fue suscrito el 2019 y durante cuatro años Pérez y Vela se han negado a que el Perú conozca la verdad sobre todo lo que negociaron con Odebrecht.
Vela había asegurado que el acuerdo de colaboración permitiría que Odebrecht entregue información de los servidores Drousy y MyWebDay, así como codinomes de implicados en la megacorrupción durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Esto habría sido una farsa, ya que la justicia de Brasil ha determinado que la base de datos informática es nula. Asimismo, en video difundido por este diario, Jorge Barata ha señalado que no recuerda los codinomes que corresponden a Susana Villarán y otros políticos que corrompieron.
Cabe indicar que anteriormente la Defensoría del Pueblo señaló que en aras de la transparencia, debía conocerse el contenido del acuerdo.
“El referido acuerdo de colaboración eficaz debe ser publicado, en principio, íntegramente, puesto que ello constituye una exigencia proveniente del derecho de acceso a la información pública y del principio de transparencia. Como se ha indicado en diversas oportunidades, toda información que posea el Estado debe ser de acceso público, salvo las excepciones derivadas directamente de la Constitución o aquellas que estén expresamente señaladas en una ley”, indicaron en un comunicado.
