El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteó al Congreso la reorganización del Ministerio Público y el Poder Judicial ante el escandaloso blindaje que existe por parte de la Fiscalía hacia el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti.

La acusación de la autoridad edil fue luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, archivara la denuncia contra su antecesor Pablo Sánchez tras interrumpir una diligencia en IDL.

“Me parece un bastante insultante al país que la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) archive el caso flagrante del señor Gorriti. El señor Gorriti, grite, mangonee al fiscal de la Nación de un país, que interrumpa una diligencia fiscal cuando su propio abogado, en plena diligencia, le dice ‘está bien’”, manifestó.

Por lo tanto, sostuvo que el Ministerio Público es “un desastre”, por lo que consideró pertinente que el Congreso actúe y declare “la reorganización absoluta” del MP y el Poder Judicial.

“El señor Gorriti debería explicar eso ante el Congreso de la República porque ya la Fiscalía es un desastre. El Congreso, en mi opinión, debería declarar la reorganización absoluta igual que el Poder Judicial”, expresó.

En otro momento, el alcalde de Lima respondió a sus detractores que lo criticaron por no presentarse en el incendio de Cercado de Lima.

Aseguró que desde el minuto uno estuvo atendiendo la emergencia, pero no necesita acudir al lugar para ‘figurar’.

“Mi trabajo no es ser figureti y tener periodistas que me estén adulando. Yo estoy trabajando en otro frente, previo al evento, durante y post evento”, sentenció.

Hace unos días, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió no presentar una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, extitular del Ministerio Público, por presuntamente haber frustrado una diligencia de exhibición e incautación en las oficinas del portal periodístico IDL-Reporteros en julio de 2018, tras la difusión de los famosos “CNM audios”.

Esta decisión fue sellada en la disposición de la Fiscalía N° 04, en la que indicó que, en esa fecha, Sánchez exigió la suspensión de dicha diligencia ya que el fiscal a cargo, Rodrigo Álvarez Rurush, no había presentado el documento necesario para llevar a cabo el acto fiscal.

“Se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Sánchez”, reza el documento.