El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) para advertir sobre posibles responsabilidades penales y funcionales de jueces que decidan no aplicar la Ley 32107, que regula los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en Perú y cesar la persecución contra las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú por enfrentar al terrorismo.

El documento, difundido en su cuenta de X, sostiene que el Tribunal Constitucional ya avaló la constitucionalidad de la norma y exhortó a su aplicación por parte de todos los órganos jurisdiccionales. Según el congresista, todos los magistrados están obligados a acatarla.

«No existe norma internacional vigente, tratado ni disposición supranacional con jerarquía normativa suficiente que desplace, suspenda o invalide (la ley). En tal sentido, su aplicación constituye una obligación jurídica para todos los jueces de la República», sostuvo.

El titular del Parlamento también advierte que algunos juzgados podrían estar emitiendo, o podrían emitir, resoluciones que desconozcan la norma pese al pronunciamiento «claro y expreso» del TC y sin una motivación suficiente que «justifique el control difuso».

Rospigliosi consideró que esto «podría comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el principio de seguridad jurídica».

Ante ello, el legislador de Fuerza Popular exhortó a la Autoridad Nacional de Control del PJ a mantenerse alerta y actuar dentro de sus competencias frente a eventuales conductas que impliquen el desconocimiento de precedentes constitucionales o el incumplimiento de la ley.

«La finalidad de la exhortación es preservar la coherencia del sistema de justicia, garantizar el respeto efectivo a las decisiones del TC, asegurar la aplicación uniforme de la ley y salvaguardar la confianza ciudadana en la administración de justicia», indicó.

Precisó que su intervención se enmarca en la función de fiscalización del Congreso de la República y en el respeto a la separación de poderes.

Previamente había señalado que “la presidente del Tribunal Constitucional reiteró que la ley 32107 de lesa humanidad tiene que aplicarse. Las leyes y la Constitución peruana tienen que cumplirse. Cualquier magistrado prevaricador que la desacate debería ser sancionado de inmediato por la Junta Nacional de Justicia y denunciado penalmente”.

RESPALDO

Cabe indicar que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, defendió la vigencia de la Ley 32107citando el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe a los jueces peruanos dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido ratificada en un proceso de inconstitucionalidad.

“La constitucionalidad de esa norma queda convalidada, a través de esa sentencia. Y el artículo VII de ese mismo Código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, manifestó.