El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, intentó quitarse la vida en el centro de detención de Seúl donde permanece encarcelado tras ser acusado de insurrección.
El incidente ocurrió pocos días después de que se declarara la ley marcial en el país, un hecho en el que Kim jugó un papel clave.
También lee:
Intento de suicidio en prisión
Según el Servicio Correccional de Corea, el exministro fue descubierto en un aparente intento de suicidio, aunque desistió cuando los oficiales intervinieron rápidamente en su celda.
«Se produjo un incidente en el que Kim detuvo su acción cuando entramos de inmediato en la celda«, declaró Shin Yong-hae, comisionado general del Servicio Correccional, citado por la agencia Yonhap.
Tras el suceso, Kim fue trasladado a una celda especial y las autoridades han confirmado que su vida no corre peligro.
Acusaciones de insurrección y abuso de poder
Kim Yong-hyun fue arrestado formalmente este martes bajo los cargos de insurrección y abuso de poder. Se le acusa de haber desempeñado un rol central en la declaración de la ley marcial la semana pasada, así como de haber tomado medidas para obstruir derechos fundamentales durante las seis horas en que la medida estuvo vigente.
Además, los fiscales señalan que Kim intentó ocultar evidencia clave tras el estado de excepción, cambiando de teléfono móvil y eliminando conversaciones en la aplicación Telegram.
Durante los interrogatorios previos, el exministro ha defendido sus acciones, argumentando que no violó ninguna norma legal o constitucional.
Impacto en la investigación al presidente surcoreano
La detención de Kim podría acelerar las investigaciones que involucran al presidente del país, quien también enfrenta acusaciones de insurrección. Al mandatario se le ha prohibido salir del país mientras avanzan las indagaciones relacionadas con su papel en la declaración de la ley marcial.
Este caso ha generado gran controversia en Corea del Sur, cuestionando las decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder y su impacto en los derechos fundamentales de la ciudadanía.