Además, el condenado deberá pagar S/80 mil de reparación civil y quedó inhabilitado por una década.

Un extrabajador del Banco de la Nación fue condenado a 10 años de prisión efectiva por procesar el pago de 53 cheques que presentaban firmas que no correspondían a sus titulares. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando el ahora sentenciado se desempeñaba como gestor de servicios de la entidad financiera.

De acuerdo con la acusación fiscal, el trabajador utilizó las funciones que tenía dentro del banco, las cuales le permitían realizar operaciones como cajero, para tramitar los documentos pese a las irregularidades que presentaban.

La investigación permitió determinar que las firmas consignadas en los 53 cheques no coincidían con las de las personas a quienes pertenecían las cuentas. Pese a esta situación, los documentos fueron procesados y los pagos llegaron a efectuarse.

Los titulares de los cheques también declararon durante las diligencias y señalaron que no habían realizado el cobro ni recibido los montos que figuraban en los documentos. Estas declaraciones fueron parte de los elementos considerados durante el proceso judicial.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diferentes elementos probatorios para sustentar la acusación. Entre ellos estuvieron una pericia contable y un examen grafotécnico, además de los testimonios de los titulares de los cheques y de funcionarios del Banco de la Nación.

Luego de evaluar las pruebas, el Poder Judicial determinó que el extrabajador era responsable de los delitos de peculado doloso agravado por apropiación y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado.

La sentencia establece una pena de 10 años de prisión efectiva para el condenado. Asimismo, deberá pagar S/80 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado por los daños ocasionados.

Como parte de la resolución judicial, el extrabajador también fue inhabilitado durante 10 años para ejercer cargos públicos.

La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que todavía puede ser impugnada mediante los recursos establecidos por la legislación. El caso se originó a partir de las irregularidades detectadas en las operaciones realizadas con los 53 cheques durante 2022.