Debido a la corrupción de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y la izquierda caviar, los limeños pagarán S/ 7,50 de peaje, el cual subiría a S/ 9.50 el próximo año.
En agosto de 2019, la empresa Odebrecht aceptó que pagó a la ex alcaldesa Susana Villarán US$ 500 mil, y a su ex gerente general, José Miguel Castro, US$ 350 mil, a cambio de la aprobación del proyecto de inversión de la empresa Rutas de Lima, subsidiaria de la constructora de Lima.
En la primera ronda del interrogatorio a los ex superintendentes de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata (2001-2012) y Ricardo Boleira (2012-2017), los ex funcionarios de la constructora declararon que los pagos se hicieron mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas -la oficina de pagos de coimas- y que a Villarán se le asignó el seudónimo de “Careca” y a Castro “Budian”.
En el primer caso, “Careca” fue alusión a un conocido payaso brasileño, “Carequinha”, porque estilaba usar una bufanda verde como la ex alcaldesa, dijo Jorge Barata. El contrato de concesión con Rutas de Lima se produjo durante la gestión de Villarán, por cuya gestión firmó el contrato el ex gerente de Promoción de la Inversión Privada, Domingo Arzubialde Elorrieta, y por Odebrecht Guilherme Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira Neto, enl 9 de enero de 2013.
Ante el alza de peajes, la congresista de Podemos Perú Digna Calle envió un oficio al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales solicitándole que el colegiado le dé celeridad al proceso seguido contra la empresa Rutas de Lima.
Añadió que con “mucha impotencia y malestar” se ha tomado conocimiento del anuncio de parte de la empresa Rutas de Lima sobre el incremento del precio de sus peajes, pasando de S/.6,50 a S/.7,50.
El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, cuestionó la decisión de Rutas de Lima de incrementar el precio de los peajes. En una publicación, emitida en la plataforma X (antes Twitter), el parlamentario disparó contra la exalcaldesa de la capital, Susana Villarán, y la izquierda caviar, al responsabilizarlas por el excesivo costo, que ahora será de S/ 7,50.
En setiembre de 2023, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, aceptó la solicitud de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y dispuso iniciar una investigación por lavado de activos contra Brookfield, mayor accionista de Rutas de Lima, el consorcio que administra los peajes Chillón, Huaylas y Conchán.
De acuerdo con la acusación, existen indicios de que Brookfield estaría incurriendo en el delito de lavado de activos para beneficiar a la transnacional Odebrecht Latinvest, también accionista junto con Sigma.
Cosavalente argumentó que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata [implicado en un escándalo de corrupción a nivel latinoamericano], se mantienen como apoderados de Rutas de Lima”, pues la firma vendió a Brookfield el 57% de las acciones que actualmente registra.
“De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma con el 18 % de las participaciones”; sin embargo, “luego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes”.
Algunos especialistas advirtieron que el alza de precio en los peajes de Rutas de Lima podría incrementar el costo de los pasajes en el transporte público.
Al respecto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que “contrato corrupto de Rutas de Lima les permite seguir subiendo peaje, recibiendo US$ 140 millones sin ninguna inversión. Ni siquiera para pagar peajes rápidamente ni recoger desmontes de la Prialé. ¿Quién para la corrupción de Odebrecht? ¿Conoceremos el convenio de colaboración eficaz?”.
