Ley de equivalencia también avala a policías y militares
Carlos Huerta
El Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar “Anappomil – Coraje”, comandante PNP en retiro Julio Monar, señaló que el pedido de pago de montos no percibidos en las pensiones de militares y policías entre el 2013 y el 2017 tiene sustento legal.
Señaló que su demanda se sustenta en una discriminación cometida por el propio Estado con la emisión del Decreto Legislativo 1133, que modificó el régimen pensionario a partir del 1 de enero del 2013, perjudicando a quienes pasaron al retiro antes del 31 de diciembre del 2012 (al amparo de la Ley 19846).
El Decreto Legislativo 1133 dispuso que los nuevos ingresos a las FFAA y PNP tengan como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada del personal en actividad.
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria estableció que dicho beneficio no alcanzaba al personal pensionista que pasó a la situación de retiro antes de diciembre del 2012, por lo que no se reestructuraron sus pensiones, originando una injusta e ilegal discriminación con los que pasaron al retiro a partir del 1 de enero del 2013.
Julio Monar señaló que de conformidad a la Ley 30683 los pensionistas de las FF.AA. y PNP del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846 deben percibir como pensión un monto Equivalente a la Remuneración Consolidada que se otorga al personal Militar y Policial en Actividad dispuesta en el Decreto Legislativo 1133 “que incluye además de los montos comprendidos en el primer párrafo del Art.7 del Decreto Legislativo 1133, las modificaciones establecidas en el Decreto Supremo No.246-2012-EF”.
“Por lo tanto, resulta evidente que se debe pagar desde el 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017, tomando como Referencia lo Sentenciado por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 03431-2021-PA-TC de marzo del 2023 sobre Decreto Legislativo No.19846- Pensión debe ser equivalente a la Remuneración Consolidada del personal militar y policial en actividad”, afirmó.
Ante este sustento legal, hizo un llamado a aprobar el Proyecto de Ley 3754-2022-CR que propone el reembolso en un plazo de cuatro años.
