La dependencia de las operadoras y la falta de acceso al GPS limitan la eficacia en la lucha contra el crimen.
Una banda de falsos mecánicos engañó a un conductor en Lima, exigiéndole 5,000 soles por un supuesto servicio de reparación de su vehículo. Cuando el joven se negó, comenzaron a amenazarlo por teléfono, instándole a realizar el pago. Al registrarse la denuncia y activarse el protocolo de geolocalización, la Policía identificó una zona de 500 metros en el distrito de La Victoria, pero no lograron dar con los delincuentes, quienes ya se habían desplazado a otro lugar y cambiado la tarjeta SIM de su teléfono. Este es solo un ejemplo de los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen.
Desde la promulgación de la Ley 31284 en julio de 2021, que regula el acceso a la geolocalización de teléfonos en casos de flagrancia o investigaciones de delitos graves, la Policía tiene la facultad de acceder a los datos de ubicación. Sin embargo, la dependencia de las operadoras de telefonía ha generado demoras en el proceso. Aunque el sistema permite acceder a la localización de los dispositivos, los operadores solo entregan información aproximada, como la ubicación de la antena más cercana, lo que no ofrece precisión. Esta falta de exactitud retrasa las investigaciones y facilita la evasión de los delincuentes, quienes pueden eludir la localización al cambiar de SIM.
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El proceso actual de geolocalización se basa en la ubicación de la antena a la que se conecta el teléfono, lo que puede generar un margen de error de hasta 500 metros, un radio muy amplio que limita la efectividad de las operaciones policiales. A pesar de que los dispositivos móviles modernos cuentan con GPS, los operadores no comparten esta información con la Policía, lo que deja a las autoridades en desventaja.
Expertos en el área, como el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, sugieren una actualización urgente del protocolo. El coronel en retiro alerta que la falta de acceso a la localización precisa dificulta la captura de delincuentes y reduce la eficacia de las investigaciones, especialmente en situaciones críticas como secuestros.
