También descartan que su pariente sea parte de la dirección de Fuerza Popular.
La familia de Vicente Silva Checa (VSC ) se pronunció ayer a través de un comunicado sobre el allanamiento del domicilio y pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal José Domingo Pérez en contra de su pariente.
En el comunicado resaltan que Silva Checa, hasta el 15 de octubre de este año, no estaba comprendido en ninguna investigación relacionada a Fuerza Popular o Keiko Fujimori, “ni siquiera había sido llamado como testigo”, se lee.
Según ellos, el allanamiento y la prisión preliminar, se ordena en base a la declaración de un testigo protegido que se dio el día anterior (y que no habría sido corroborado, ni sería constitutivo de ningún delito), en la que el testigo indica que Silva ayudó en el 2011 en un problema de inscripción del partido y que ahora sería asesor bajo la sombra de Keiko Fujimori.
Ante esto, la familia de Vicente Silva destaca que el viernes 19 de octubre, la Sala Superior anuló la orden de prisión preliminar, por considerarla arbitraria.
“Sin embargo, como la Fiscalía no encontró ninguna prueba en la casa de Vicente Silva, utiliza información que no tiene ninguna relevancia con la imputación del delito -que es delito del lavado de activos en los años 2010-2011- para inventar argumentos que sustenten una prisión preventiva. Sobre los documentos encontrados”, dice la carta entregada a los medios de comunicación.
Los documentos que hace referencia la familia de Silva serían un recibo emitido por Eduardo Calmell del Solar en el año 1999.
“Cabe resaltar que el proceso judicial que se le inició a VSC por dicha operación de CCN, fue archivado después de un juicio que duró 12 años y en el que se demostró que no hubo 1 dólar mal habido ni ningún beneficio económico o comisión de ningún delito. Adicionalmente, se ganó en laudo arbitral dicho proceso, demostrándose que Manuel Ulloa recibió la totalidad de los US$ 2millones y que fue una operación perfectamente legal bajo el concepto de compra por mandato sin representación. Cabe mencionar que ni el procurador ni el fiscal apelaron la resolución del archivo del proceso. A VSC con Vladimiro Montesinos no lo une ningún tipo de relación”, sostiene la familia.
Otro de los documentos encontrados por el fiscal sería un informe legal de fecha actual (y que NO podría ser de los años 2010-2011, periodo que se investiga), sobre los escenarios legales de Fuerza Popular con relación a los procesos judiciales que afronta a la fecha dicho partido, redactado por la Dra. Giulliana Loza.
“Al respecto, el informe estaba dentro de una carpeta membretada del Estudio Loza Avalos, no tenía fecha, ni firma, ni papel membretado, y la Dra. Giulliana Loza (abogada de Keiko Fujimori) ha reconocido que es un informe preparado por ella misma. Este informe legal, es como cualquier informe legal que un abogado prepara”, argumenta la familia de VSC.
El fiscal también habría encontrado documentos vinculados a los problemas de una empresa de reconocido prestigio, sobre algunos contratos secundarios de obras públicas actualmente investigados.
“Esos documentos le fueron alcanzados a VSC por el cliente, para recabar su opinión de legal. VSC no ha interferido en nada con la Comisión Lava Jato, sino que ha absuelto consultas privadas. Cabe resaltar que dichos documentos no tienen ninguna relación con los hechos imputados del 2010-2011”, recalca el comunicado.
Por otro lado, la familia de Silva Checa destaca que éste no ha tenido ningún puesto de trabajo o militancia política en FP, ni tiene un mandato del pueblo peruano. “Tampoco ha sido cuestionado de manejar dinero, ni ningún tema administrativo con FP. La única imputación es haber brindado consejos o recomendaciones legales externamente”, dicen.
Asimismo, en el comunicado se destaca que la Fiscalía “no ha presentado una sola prueba que tenga que ver con la participación de VSC en temas de lavado de activos o manejo de dinero”.
También resaltan que “a un abogado con muchos años de experiencia laboral” que es consultado ocasionalmente por temas legales, “no puede ser acusado de cometer un delito y menos aún atribuírsele el ser la persona que maneja un partido político ocultamente. Un partido que tiene un Comité Ejecutivo Nacional y una bancada con más de 60 congresistas”, finaliza.
