Un total de 67,712 casos de violencia familiar y abuso sexual atendió la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) durante los 107 días de la cuarentena general que decretó el Ejecutivo para contener la pandemia de la COVID-19. El distrito de Ate Vitarte ocupa el segundo lugar en denuncias de violencia familiar, así como casos de feminicidio. Ante esta alarmante estadística, especialistas dan su lectura de la alarmante situación.
Solo entre 2009 y 2019, Ate concentra la mayor cantidad de casos de feminicidio con 25 casos, solo despues de San Juan de Lurigancho con 42, de acuerdo a informe del Ministerio Público y Fiscalía de la Nación. «Las Comisarías en Ate no tienen personal muy capacitado, por lo que no tienen un trato adecuado con las denunciantes. En nuestro trabajo de Gestión Pública he oído a vecinas que van a la comisaría y les piden pruebas pese a que están con la cara golpeada. A muchas de ellas no se les permite pasar por Médico Legista y esa inacción por parte del personal policial hace que se desmotiven. En Huaycán pasa mucho que las mujeres tienen golpes en genitales y senos, por lo que es insólito que les pidan mostrarlos. Al no pasar por un médico legista ni haber esa atención, las denunciantes se frustran y se retiran decepcionadas de su Policía», estableció Franco Vidal, especialista en Gestión Pública y de Gobierno.
«Los agresores suelen venir de una cadena de violencia que arrastran desde niños en familias disfuncionales o con alto pindice de violencia. Es necesaria la intervención y apoyo del Miniserio del Interior, para brindar campañas de concientización de la mano con la división de violencia intra familiar de la Policía Nacional y, por qué no, del Ministerio de la Mujer, ya que muchas mujeres no denuncian por falta de conocimiento o por no saber sus derechos», indicó el letrado, recalcando que solo en 2019, durante el período de Pandemia, se atendieron 166 casos de feminicidio y 404 tentativas de feminicidio en Ate, además de los miles de denuncias por violencia intrafamiliar que incluyen maltrato físico, psicológico entre otros.
Finalmente, Franco Vidal, refirió que como especialista en gestión pública «no ha funcionado el aumento de la pena en los casos de feminicidio. El Código Penal establece que la pena privativa de libertad será no menor de treinta años de acuerdo a los agravantes. Así le den cien años al feminicida, continúan habiendo víctimas, por eso es necesaria una política pública de educación y concientización para erradicar la violencia contra la mujer. La Fiscalía y el Ministerio de la Mujer deben brindar estas campañas en Ate para crear conciencia antes de que sigan muriendo más mujeres en el distrito y en nuestro país», concluyó.
