Denuncia senador Fernando Rospigliosi
El senador Fernando Rospigliosi denunció el plan de la izquierda comunista y caviar en el Congreso para traerse abajo la ley que pone fin a la persecución judicial contra militares y policías que enfrentaron al terrorismo sanguinario en el país. Indicó que sus maniobras no surtirán efecto.
En ese sentido, destacó que los jueces hayan comenzado a aplicar lo establecido por la ley que fija una adecuada aplicación de la lesa humanidad a partir de 1992.
“Comunistas quieren derogar la ley de lesa humanidad para seguir persiguiendo eternamente a los policías y militares que derrotaron al terrorismo. Ahora los jueces titulares ya están aplicando la ley, los herederos del terrorismo se alarman. No pasarán”, indicó.
Esta declaración se debió a que el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea derogar la Ley 32107 y modificar el marco jurídico aplicable a las investigaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La propuesta busca eliminar el límite temporal que incorporó la legislación vigente en agosto de 2024 y que impide procesar determinadas violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de julio de 2002.
El proyecto sostiene que esa restricción suscita una incompatibilidad con obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Sobre este tema, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, defendió la necesidad de analizar el contenido de las decisiones emitidas por organismos internacionales antes de asumirlas como obligatorias para el Estado peruano. La magistrada realizó estas precisiones en medio de los cuestionamientos contra el máximo intérprete de la Constitución por la validación de la Ley 32107.
Pacheco sostuvo que la obligación del Perú frente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) tiene como marco la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El sometimiento del Perú a las decisiones de la Corte (IDH) se encuadran en el marco del respeto a la mencionada Convención (de los Derechos Humanos)”, afirmó.
La magistrada explicó que, desde su perspectiva, una sentencia de la Corte-IDH que contradiga la propia Convención no generaría una obligación automática para el Estado peruano ni para sus jueces. Pacheco sostuvo que, en ese supuesto, la decisión carecería de legitimidad.
“Por lo tanto, si la Corte-IDH emite una sentencia contraria a la convención, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero, no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad”, señaló.
El Tribunal Constitucional adoptó esa decisión el 5 de diciembre de 2025. En aquella votación, los siete integrantes del organismo no reunieron los cinco votos necesarios para declarar inconstitucional la norma. Por ello, la ley quedó vigente y, de acuerdo con lo establecido, los magistrados del Poder Judicial deben aplicarla en los procesos que correspondan.
Sin embargo, algunos jueces optaron por no aplicar la norma y sustentaron sus decisiones en pronunciamientos de la Corte-IDH y de otros organismos internacionales.
