En Tribunal Constitucional no tienen votos para dejar sin efecto norma de pensiones justas.
Para la quincena de enero del próximo año se habría postergado el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley Nº 30683, que modifica el Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial en situación de retiro.
Fuentes del TC revelaron a LA RAZÓN que no se cuentan con los cinco votos que se requiere para declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad contra una norma que hace justicia a cerca de 100 mil militares y policías en situación de retiro.
A fines de agosto. el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto nueve procesos de inconstitucionalidad, entre ellos la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley Nº 30683.
Para defender la causa intervino por el Ejecutivo el procurador Luis Huerta Guerrero y por la parte demandada el procurador Guillermo Llanos Cisneros y los congresistas Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Carlos Tubino Arias-Schreiber (FP).
La argumentación sólida a favor de la familia policial y militar salió de parte del legislador Javier Velásquez Quesquén quien en la audiencia en la sede del Tribunal Constitucional de Arequipa sostuvo que la demanda de inconstitucionalidad es falsa cuando sostiene que los beneficiarios elevarían sus pensiones hasta 15 mil soles.
La sólida defensa a la legalidad de la norma impide que la mayoría de magistrados del TC se sometan a las presiones para declarar inconstitucionalidad la norma.
De otro lado, se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dictará a inicios del mes de enero del 2019 disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de 400 soles por concepto de bonificación por escolaridad para los funcionarios y servidores públicos, así como para determinados pensionistas, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Vale decir, en enero del 2019, militares y policías, beneficiados con la Ley de Equivalencia, cobrarán sus pensiones justas, más su bonificación por escolaridad.