Tras el producto del caso que acusó a Zoraida Ávalos por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, fijaron fecha para determinación civil en su contra.
La Corte Suprema de Justicia de Lima, puso la fecha para la audiencia de determinación de reparación civil en contra de la fiscal Zoraida Ávalos, proceso el cual fue consecuencia de la acusación hacia la exfiscal de la Nación, debido a los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, en agravio del estado.
Asimismo, la sala encargada de la sesión, será el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el cual revisará la solicitud de la Procuraduría General del Estado, que requirió un pago de doscientos mil soles de reparación civil. En tanto, el Poder Judicial dispuso, que la audiencia se efectúe el próximo jueves quince de agosto.
«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizará audiencia de determinación de reparación civil contra imputada Zoraida Ávalos, por los delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en agravio del Estado; la cual se realizará el 15 de agosto, a las 11:30 horas«, dictaminó la publicación del PJ mediante X.
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Cabe señalar, que la cita fue en consecuencia de lo dispuesto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la cual requirió que el juez Juan Carlos Checkley, se pronuncie en torno a la admisibilidad y procedencia de la solicitud indemnizatoria, así como la admisión del material probatorio presentado en el caso.
Dicho pedido, se generó tras el archivamiento de la investigación preparatoria contra Zoraida Ávalos, debido a los presuntos delitos ya mencionados el veintitrés de noviembre del año 2023. Ante ello, el magistrado no se pronunció respecto al tema de la reparación civil, que la entonces inhabilitada por el Parlamento, debió pagar al Estado.
Como se sabe, el pasado veinticuatro de mayo, la Tercera Sala Constitucional de Lima, declaró fundado, la demanda de amparo interpuesta por Ávalos, y, en consecuencia, anularon la inhabilitación por cinco años, que fue impuesta por el Congreso de la República, el cual dictaminó que la letrada infringió la Constitución al suspender la investigación contra Pedro Castillo.
