Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Un sector de nuestra clase política se ha rasgado las vestiduras y ha puesto el grito en el cielo en los últimos días por la decisión del Congreso de dar trámite a una denuncia constitucional presentada por un grupo de marinos contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) por presunto prevaricato al haber cambiado el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli, alterando la cosa juzgada y reabriendo el caso El Frontón.
Tras la decisión del Parlamento, los cuatro magistrados denunciaron ante la Comisión Interamericana (CIDH) una supuesta amenaza a su independencia.
La semana pasada, la Corte Interamericana (Corte-IDH) dispuso dos cosas: que el Estado peruano, a más tardar el 5 de diciembre, remita un informe detallado sobre la acusación constitucional contra los magistrados, y que se presente a una audiencia en Costa Rica durante el 121 Período Ordinario de Sesiones, a desarrollarse del 29 de enero al 9 de febrero de 2018.
Así las cosas, corresponde al Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional, responder vía documentaria y oral al pedido.
Ello debido a que dicha instancia es la encargada de las relaciones con los organismos internacionales.
Sin embargo, se debe señalar que el procurador supranacional es Iván Bazán, exmiembro de la ONG caviar Fedepaz, que fue una de las que denunció al Estado peruano por El Frontón ante instancias internacionales. Es decir, formó parte interesada en el caso y, por ende, está descalificado para ser quien defienda al Estado ante la Corte-IDH.
Por esta razón, el ministro Enrique Mendoza debe evaluar la situación y garantizar una adecuada defensa del país. Debe dejar en claro que no existe ninguna amenaza a la institucionalidad del TC en la decisión del Congreso de dar trámite a la denuncia de un grupo de ciudadanos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que tres miembros del TC también consideran que los otros cuatro actuaron irregularmente.
Acá se debe defender al Estado y no la visión de un gobierno o la de un exservidor de las ONG. Y dada la relevancia del tema, podría ser el propio ministro el que se pronuncie al respecto.
Se sabe que los marinos afectados, a través de sus abogados, han solicitado al ministro Mendoza una cita antes del 5 de diciembre. Esperamos se la conceda y escuche a la otra parte.
