El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó que ha dispuesto archivar y no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la Covid-19.
“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, sostuvo.
Villena indicó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito de colusión.
“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas)”, manifestó.
“[Dispone] No haber mérito para formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por delito contra la Administración Pública -colusión simple- y; alternativamente por delito contra la Administración Pública -negociación incompatible”, indica el documento.
El abogado penalista Andy Carrión señaló que, ante las irregularidades vistas en el marco de la adquisición de pruebas rápidas, “sí ameritaría una denuncia constitucional“.
Además, el jurista advirtió que existen otras investigaciones relacionadas a este caso que podrían verse afectadas por el archivo de esta denuncia constitucional.
“Una consecuencia de no formalizar esta denuncia es que los demás casos que dependen de este como principal, se vengan abajo. Ante este pronunciamiento de la FN, que es inapelable, en rigor los demás casos se vendrían abajo”, enfatizó.
En ese sentido, señaló que solo las procuradurías podrían apelar. No obstante, dijo que no es común que una procuraduría apele una decisión de la Fiscalía de la Nación. “Pero lo usual es que, cuando se archiva una denuncia en la FN, la procuraduría no impugna, porque se entiende que las decisiones que emite el fiscal de la Nación son inimpugnables”, manifestó.
Asimismo, Carrión aseguró que el archivo de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y sus exministros implica que estas personas ya no puedan ser investigadas por el caso de las pruebas rápidas.
“Ya es una cosa decidida, entonces no podría ser revivida, salvo exista una prueba preponderante adicional que no se haya tomado en cuenta en su momento”, indicó.
