La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está a un paso de ser destituida e inhabilitada por el Congreso, por blindar al fiscal supremo Pablo Sánchez que evitó una diligencia fiscal al local de la ONG IDL y por desacatar la ley aprobada que restituye facultades a la Policía Nacional para liderar la investigación preliminar.

El Congreso de la República ha recibido una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Esta iniciativa ha sido presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas, quienes la acusan de infracción a la Constitución y de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

En la denuncia piden su inhabilitación por 10 años por el presunto intercambio de favores con el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien la habría apoyado en su elección como Fiscal de la Nación a cambio de que se archive su caso por haber impedido irregularmente una diligencia fiscal en IDL Reporteros por una llamada de Gustavo Gorriti.

“Nuestro pedido es la inhabilitación en la función pública por diez años por infracción constitucional y una denuncia penal por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal para ambos fiscales”, señala la bancada de Renovación Popular en su cuenta X.

Cabe señalar que el exfiscal adjunto provincial Rodrigo Álvaro Rurush Castillo, quien participó, en el 2018, en una diligencia en el local de IDL, reveló, en una declaración que brindó al Ministerio Público, que el operativo fue suspendido inmediatamente luego de que Gustavo Gorriti llamara a Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación.

Como se recuerda, la diligencia de exhibición de documentos tenía como objetivo revisar los audios publicados por la ONG de izquierda que comprometieron a los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y otros integrantes del sistema de administración de justicia en presuntos actos de corrupción, los cuales fueron denominados como los ‘CNM Audios’.

Asimismo, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, denunció constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto desacato al no aplicar la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A la acusación también se sumaron los parlamentarios de Honor y Democracia y Podemos Perú, José Cueto y Alfredo Azurín.

Rospigliosi detalló que la denuncia recayó, además, sobre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

“Ellos no solamente se pronunciaron públicamente contra una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley y, hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la Nación y toda la Junta de Fiscales Supremos”, subrayó.

De ser aprobada la delación, la fiscal de la Nación sería inhabilitada como titular del Ministerio Público.

Luego de la aprobación de la restitución de la investigación preliminar a la PNP, la representante del MP presentó una demanda de inconstitucional.

La demanda la presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual aún no resuelve el caso.

Espinoza consideró que la PNP no puede investigar preliminarmente sin la conducción de los fiscales.

Cabe señalar que en octubre de 2024, el Poder Ejecutivo publicó la Ley N° 32130, que modifica el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) con el objetivo de fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

De acuerdo con esta norma, aprobada por el Congreso de la República, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, asume la conducción jurídica de la investigación. Esto implica que debe orientar legalmente las acciones que realice la Policía dentro de los parámetros establecidos por la ley, para obtener elementos de prueba y demás indicios necesarios, garantizando así el respeto de los derechos procesales de las personas.

En este contexto, se establece que la Policía Nacional del Perú será responsable de la investigación preliminar del delito. En consecuencia, llevará a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo con sus leyes y reglamentos.