Durante la ceremonia por el inicio del Año Fiscal 2025, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentó ante el Tribunal Constitucional dos demandas de inconstitucionalidad contra normas promulgadas por el Congreso y que considera que son “contrarias al marco constitucional”, pero que en el fondo responden a una maniobra del Ministerio Público, controlado por la izquierda caviar, para no perder su poder y continuar con la persecución política a militares y policías.
Según la representante del Ministerio Público, las leyes promovidas por el Congreso “interfieren con la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público”, afirmó. También informó que estas denuncias de inconstitucionalidad fueron presentadas el pasado 20 de diciembre del 2024.
La primera ley que fue nombrada por la fiscal Espinoza es la Ley 32107, que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad, ello para cortar la persecución política contra los militares y policías que derrotaron al terrorismo.
La segunda norma referenciada por Espinoza es la Ley 32130, que restaura la capacidad de investigación a favor de la Policía Nacional del Perú. En este caso, la Fiscalía indicó que “se han planteado como causales de inconstitucionalidad el que esta ley establezca que la Policía Nacional del Perú puede hacer la investigación preliminar sin el rol conductor del Ministerio Público”. Sin embargo, la titular del Ministerio Público no dice que sólo en el primer semestre de este año se liberaron a más de 8 mil delincuentes capturados por la policía por pésima investigación de la fiscalía.
