Acusa al presidente de organización criminal, tráfico de influencias y colusión
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ante la Mesa de Partes del Congreso. La medida alcanza también a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
En el escrito presentado por la fiscal Patricia Benavides, Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Sobre el primer caso se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó S/ 30 mil soles al presidente como compensación por hacerle caso.
CASO TARATA
La hipótesis alega que el presidente Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.
INDICIOS
En conferencia de prensa, la fiscal de la Nación dijo: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
La funcionaria indicó que, según la pesquisa, la organización es liderada por el presidente de la República e integrada, entre otros, por los ex ministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aseveró.
OBSTRUCCIÓN
En la misma línea, la fiscal de la Nación advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose de estar en el Gobierno amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia.
“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, aseveró.
