No tiene ni un año en el más alto cargo, sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, estará de vacaciones desde el domingo 30 de marzo hasta el domingo 6 de abril, según la resolución emitida por la Fiscalía de la Nación y publicada en el diario oficial El Peruano.
En el documento oficial 026-2025-MP-FN-JFS, se detalla que Espinoza solicitó el permiso para ausentarse por «motivos estrictamente personales y familiares».
Cabe señalar que las “vacaciones” de la titular del Ministerio Público se da en medio de acusaciones de la presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien reveló la existencia de seguimiento y espionaje a siete miembros de este colegiado por parte de la Fiscalía de la Nación.
También unos días después que Delia Espinoza haya autorizado el inicio de diligencias para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, con el objetivo de impedir la candidatura de Keiko Fujimori.
«La señora fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el decurso de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos del 20 de marzo de 2025, precisó su solicitud en cuanto al periodo de goce vacacional; solicitándolo desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril de 2025, por motivos estrictamente personales y familiares», se lee en el oficio.
Durante su periodo de vacaciones, el fiscal supremo y extitular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, asumirá la conducción del despacho de la Fiscalía de la Nación.
«Encargar el Despacho de la Fiscalía de la Nación y Presidencia de la Junta de Fiscales Supremos al señor Juan Carlos Villena Campana, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Familia, en adición a sus funciones, por el periodo del 30 de marzo al 6 de abril de 2025», agrega el texto.
DENUNCIAS
Cabe señalar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso analizará el 1 de abril varias denuncias constitucionales contra la Fiscal de la Nación, entre ellas desacatar la ley que restituye facultades de investigación a la Policía Nacional, así como el haber denunciado sin sustento legal a congresistas de la Comisión de Defensa Nacional por permitir que el personal retirado de las Fuerzas Armadas y la PNP puedan ser contratados por el Estado por servicio de alta especialización.
