Padre de Isauro Fuentes Rivera fue vocero legal de emerretistas excarcelados
‘Administración del Componente de Gestión de Interceptaciones en el Sistema de Intervención de las Comunicaciones’, se llama la oficina adjunta a la Fiscalía de la Nación dirigida por Isauro Fuentes Rivera. Maneja las interceptaciones telefónicas al crimen organizado, incluido narcotráfico y terrorismo, desde el centro de operaciones de ‘Constelación’ que está en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro).
Ayer se reveló una denuncia de miembros de la Policía Nacional, de que el citado fiscal es hijo del exintegrante del MRTA Isauro Fuentes Guzmán, y hermano de Cristian Mao Fuentes Rivera, detenido por terrorismo en 1999.
“Se ha filtrado que Fuentes Rivera habría venido entorpeciendo la labor policial al no conceder oportunamente los cupos necesarios para la atención de casos importantes y no respetando la antigüedad en espera de las resoluciones judiciales”, se informó.
El 21 de enero de 2015, este fiscal fue designado por el mismo Pablo Sánchez como adjunto provincial titular especializado contra la Criminalidad Organizada en el Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Nueve días después, y sin haber resuelto ningún expediente, pasó a manejar el “chuponeo legal”.
“A pedido del fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada se emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3061-2017-MP-FN, del 28 de agosto de 2017, dando por concluida la designación de Fuentes Rivera como administrador del equipo de las interceptaciones (…) Sin embargo, tres días después, el 31 de agosto de 2017, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3123-2017-MP-FN, sin motivación alguna, Pablo Sánchez se desdijo, e Isauro Fuentes fue ratificado”, se añade.
De acuerdo a la PNP, el sistema electrónico a cargo del magistrado con familia ligada al MRTA, puede intervenir 590 líneas en tiempo real, previo levantamiento del secreto de las comunicaciones autorizado por el Poder Judicial.
“Él es quien decide qué números telefónicos se deben intervenir y cuáles deberán seguir esperando turno”, se reclama, ya que personal policial lo ve como probable indicador de una preocupante infiltración de abogados radicales en la administración pública.
