La Corte Suprema de Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil del fiscal José Domingo Pérez enero de 2014 a marzo de 2021, en la investigación por enriquecimiento ilícito.
Fue al declarar fundado en parte el recurso de apelación del fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó un reexamen de la medida fiscal que ordenaba el levantamiento de su secreto bancario. De acuerdo con la Sala Penal Permanente se debe investigar el periodo en el que Domingo Pérez se desempeñó como fiscal del Equipo Especial Lava Jato, no de épocas anteriores.
La resolución de la sala que lidera César San Martín recordó que la adquisición del automóvil Volvo, uno de los activos por los cuales la Fiscalía sospecha de un presunto enriquecimiento ilícito se realizó el ocho de marzo de 2021.
Como se recuerda, el Tercer Juzgado Superior de la Investigación Preparatoria, el 19 de abril del 2024, declaró fundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil del investigado en el periodo del 15 de diciembre del 2011 al 10 de enero del 2024.
Tras ello, el fiscal solicitó un primer reexamen de la medida argumentando que «el marco temporal debe ser relacionado al ocho de marzo de dos mil veintiuno (cuando se adquirió el vehículo), no del quince de diciembre de dos mil once al quince de diciembre de dos mil veintitrés (como se solicitó)».
Sin embargo, el referido juzgado declaró improcedente la solicitud, pese a que Domingo Pérez había sustentando que se vulneraban sus derechos constitucionales «solo por ser o ejercer el cargo de fiscal provincial titular especializado en delitos d corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima».
En consecuencia, Domingo Pérez solicitó por segunda vez un reexamen de la medida fiscal, la cual una vez más fue rechazada. El Juzgado Superior de la Investigación Preparatoria «Consideró que si bien la Fiscalía aclaró que el objeto de la presente investigación es la compra del automóvil marca Volvo realizada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ello no limita ni restringe la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito a ese momento; que este delito debe investigarse en el espacio temporal en que el investigado (funcionario público) asumió su cargo, es decir, desde diciembre de dos mil once hasta diciembre de dos mil veintitrés, cuando presentó su declaración jurada».
