La Fiscalía señala vacíos sobre el financiamiento, criterios de cálculo y alcance de las compensaciones a víctimas de extorsión previstas en la Ley 32490. El reglamento de dicha ley aún está pendiente.

El coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, cuestionó la propuesta del Ejecutivo para establecer compensaciones a víctimas de extorsión. Alegó que la iniciativa presenta vacíos operativos y presupuestales. Sus observaciones se dieron en el marco de la Ley 32490. Dicha norma contará con un reglamento que será publicado próximamente por el Gobierno.

Chávez Cotrina advirtió que la falta de precisión en el mecanismo podría generar incentivos para la aparición de falsas víctimas. Según explicó, hasta el momento no está definido el procedimiento, los plazos ni las entidades encargadas de canalizar los pagos.

Vacíos en criterios y alcance de la medida

El fiscal indicó que tampoco existe claridad sobre cómo se calcularían las compensaciones, especialmente en casos donde las víctimas presenten daños físicos graves o hayan fallecido. Además, señaló que esta indefinición podría generar controversias administrativas y judiciales una vez implementada la norma.

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Asimismo, cuestionó que la propuesta esté enfocada exclusivamente en el sector transporte. Deja fuera a otros rubros económicos que también han sido afectados por redes criminales dedicadas a la extorsión.

Falta de recursos y prioridades del Estado

Chávez Cotrina alertó que el Ministerio Público enfrenta limitaciones presupuestales para crear e implementar fiscalías especializadas en sicariato y extorsión. También mencionó que los recientes cambios en la normativa de extinción de dominio impactan en la capacidad operativa de la institución.

Mientras el reglamento de la Ley 32490 se encuentra en elaboración, el debate sobre las compensaciones a víctimas de extorsión pone en evidencia la tensión entre nuevas políticas de reparación. Además, muestra la capacidad real del Estado para aplicarlas.