Diligencia se realizará un día antes de que TC resuelva situación de Keiko
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, interrogará al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos como parte de las investigaciones por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a Fuerza Popular.
La diligencia ha levantado numerosas suspicacias debido a que se realizará un día antes de que el Tribunal Constitucional resuelva el habeas corpus de Keiko Fujimori, que podría devolverle su libertad.
El interrogatorio a Montesinos se ha previsto para el martes 24 de setiembre del 2019 a las 10 a.m. en los ambientes destinados para diligencias judiciales de la Base Naval del Callao, lugar en el que actualmente se encuentra recluido Montesinos. Pérez también programó otras declaraciones vinculadas al caso.
La declaración de Montesinos está comprendida entre las disposiciones del fiscal Domingo Pérez para declarar improcedente el pedido de la defensa de Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, para adecuar a la ley que prohíbe el financiamiento ilegal de partidos políticos, la investigación que sigue el Equipo Especial por aportes de Odebrecht a Fuerza Popular.
Sin embargo, no se precisa el motivo de la toma de declaración contra el exasesor de Alberto Fujimori, quien está en prisión desde 2001.
Cabe recordar que el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez señaló anteriormente que la excandidata presidencial Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa cumplieron el rol de quienes, en su momento, tuvieron el poder en los años 90′: Alberto Fujimori Fujimori (presidente) y Vladimiro Montesinos Torres (exasesor).
En una de las audiencias del caso Odebrecht, el representante del Ministerio Público formuló cargos (elementos de convicción) contra Silva Checa, a quien se refirió como el “asesor en la sombra” de la presunta organización criminal que habría liderado Fujimori Higuchi, para captar fondos ilícitos por parte de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña presidencial del 2011.
Otro caso
Si bien la disposición fiscal se dio el pasado 12 de setiembre, aparece luego de que el fin de semana se evidenciara que información de los servidores de My Web Day entregados por la constructora brasileña Odebrecht al equipo especial, registran una obra del Gobierno de Alberto Fujimori.
Se trata de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ilo-Desaguadero, la cual fue construida entre 1999 y 2000. Odebrecht se encargó del proyecto en sus tramos VI, VII y VIII, rehabilitando 121 kilómetros de esta carretera.
Sobre el exasesor del condenado expresidente Alberto Fujimori pesan más de 34 sentencias. La primera condena le fue impuesta en el 2002, un año después de ser capturado en Venezuela, hasta donde llegó luego de fugar del Perú.
Los delitos por los que hasta el momento purga prisión Vladimiro Montesinos van desde corrupción de funcionarios, usurpación de funciones, lavado de activos, conspiración y tráfico de armas, hasta homicidio calificado y desaparición forzada.
Improcente
De otro lado, el fiscal Pérez declaró improcedente el pedido de la defensa técnica de Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, para adecuar el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular a la ley que prohíbe el financiamiento ilegal de partidos políticos.
Figari, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Ancón II por los supuestos aportes de Odebrecht, pretendía que el caso deje de ser indagado por el presunto delito de lavado de activos y crimen organizado.
No obstante, la disposición del fiscal José Domingo Pérez sostiene que la investigación por los presuntos aportes a Fuerza Popular cumple con los lineamientos que el delito de lavado de activos requiere en sus diversas modalidades, por lo que considera que no existe sustento para que se revoque prisión preventiva de Keiko.
Pérez Gómez consideró que el Tribunal Constitucional, a través de su pronunciamiento por el hábeas corpus que pide la liberación de Keiko Fujimori, debe emitir su opinión sobre la aplicación de la nueva ley.
“Si el hecho bajo esta nueva ley no era delito, el TC lo va a tener que definir. Entonces que la ciudadanía sepa que se instrumentalizó la capacidad para dar leyes para favorecerse. Si no es delito de lavado que lo diga el TC, para que se dicte la prisión preventiva debe haber delito. El TC no puede evadir ese pronunciamiento”, apuntó.
