Exsocio de PPK presenta recusación contra juez concepción Carhuancho
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó la ampliación del plazo de impedimento de salida del país contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien es testigo de la investigación del Caso Interoceánica.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado desestimó una apelación de Sepúlveda contra un primer impedimento de salida del país, con lo cual el empresario deberá permanecer en territorio peruano hasta el 7 de junio.
Ante ello, Pérez Gómez ha formulado un pedido para que la medida se extienda durante veintidós días más a causa de que se necesita recabar la declaración testimonial de Sepúlveda en la investigación que se sigue contra Alejandro Toledo y otros por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
En febrero de este año, el Poder Judicial dictó dos meses de impedimento de salida del país contra el empresario. Tanto el Ministerio Público, que había solicitado tres meses, como la defensa del testigo apelaron la medida.
Percy García, abogado del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, anunció que ha presentado un recurso de recusación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.
El defensor legal de Sepúlveda informó que presentó la recusación contra Richard Concepción Carhuancho con la finalidad de que no sea el que decida el nuevo pedido contra su patrocinado. Para sustentar ello, el abogado sostuvo que el magistrado ha dado “muestras de parcialidad en su actuación”.
Sepúlveda, quien es testigo en la investigación del Caso Interoceánica, tendrá la obligación de permanecer en territorio peruano por lo menos hasta el 7 de junio próximo. Esto, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimara su apelación contra una reposición de plazo de impedimento de salida del país.
En febrero de este año, el Poder Judicial dictó dos meses de impedimento de salida del país contra el empresario. Tanto el Ministerio Público, que había solicitado tres meses, como la defensa del testigo apelaron la medida.
