Por presuntos delitos cometidos en compra de canastas de víveres para personas vulnerables durante la pandemia. Juez Chelem Cotrina Paredes decidirá este 4 de julio el pedido del Ministerio Público
El fiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Huaura, Christian Erick Manrique Mendoza ha requerido prisión preventiva de 18 meses para el alcalde de Supe, Luis Alberto Sosa Hidalgo.
El miembro del Ministerio Público también ha solicitado una medida similar para el gerente municipal, Rubén Ángel Changanaqui Calderón; el ex jefe de Logística, Javier Enrique Palacios Marcelo; el Gerente de Desarrollo Urbano, Julio Guillermo Basurto Flores, y la proveedora Julissa Leonor Haro.
El fiscal acusa a Sosa Hidalgo de haber supuestamente infringido dolosamente sus deberes funcionales en la compra de las Canastas Familiares destinadas a la población más vulnerable en el marco de la pandemia de Covid-19.
El Juez Chelem Cotrina Paredes ha citado para el 04 de julio del 2022 a las 09:00 a la audiencia de prisión preventiva solicitada contra el burgomaestre y sus funcionarios.
ARGUMENTOS
El expediente judicial 957-2022 y el Caso Fiscal N° 101-2020 involucran a los funcionarios en el delito de colusión agravada por el Caso de las Canastas de Alimentos dirigidas a la población más necesitada en el periodo Covid-19.
El fiscal señala que los funcionarios involucrados habrían direccionado el sondeo de precios con la empresa Inversiones Mi Caserito EIRL y la cotización del proveedor que ganó la buena pro.
Los involucrados indicaron que se había pedido cotizaciones a las tiendas mayoristas del distrito de Supe como Bodega Los Ángeles, Bodega Yonathan, Bodega Álvarez, Comercial Karina, Bodega Yolanda, Bodega Panchita, Bodega El Dulce, Enma y Tunes, Comercial Franco y Fernández y Novedades Mayte. La Fiscalía indica que esto ha sido desmentido por los propios comerciantes, quienes han indicado que sí tenían stock para atender los requerimientos y a un menor precio.
El fiscal precisa que este aludido sondeo de precios buscaba dar apariencia de legalidad a la referida compra.
INVESTIGACIÓN
De la investigación se concluye que los bienes comprados nunca ingresaron a la recepción del almacén de la Municipalidad de Supe. Sin embargo, en los documentos figuraba la firma del Jefe de Logística como si hubiera recibido todos los bienes, sin que exista firma alguna de parte del jefe de la oficina de Almacén del referido municipio.
Se determinó que la Contraloría hizo la constatación en el almacén y encontró que los productos no tenían fecha de vencimiento y que los bienes a entregar no tenían el peso correspondiente, lo cual transgredía los intereses de la gente más pobre.
Asimismo, habrían insertado información falsa dando apariencia de haber recibido los bienes comprados, suscribiendo determinados documentos supuestos funcionarios que no tenían en ese momento relación funcional con el municipio.
IRREGULARIDADES
Los funcionarios denunciados no solicitaron la carta fianza de Garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 10% del monto del contrato original, que era requisito indispensable para la firma del contrato, evidenciándose con ello la colusión ilegal entre el Jefe de Logística, el Gerente Municipal y la proveedora Julissa Leonor Ramos Haro.
De la investigación realizada el fiscal concluye que el investigado Luis Alberto Sosa Hidalgo fue quien solicitó a la proveedora Julissa Leonor Ramos Haro que se almacenaran los productos adquiridos en un lugar distinto a los recintos de la Municipalidad.
Agrega que dicha solicitud se dio cuando ni siquiera se había notificado a la proveedora la orden de compra N° 2020-00048, por medio de la cual se le informaba que había resultado ganadora y, por ende, su oferta había sido seleccionada, lo cual vislumbra que esta compra estuvo direccionada a favor de Julissa Leonor Ramos Haro, limitándose así la concurrencia de otros proveedores.
APUNTE
Pedido de fiscal es por irregularidades detectadas en la compra de Canastas Familiares destinadas a la población más vulnerable en el marco de la pandemia de Covid-19.
