Denuncia inconducta funcional al no inhibirse en casos lava jato
El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la presunta inconducta funcional del presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el juez César San Martín.
Ello luego que no se inhibiera del proceso de casación relacionado a los procesos judiciales de Ollanta Humala y Nadine Heredia y que involucra también al caso Gasoducto del Sur.
El Ministerio Público ha dirigido un oficio y un Informe preparado por la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez en el que le pide a la JNJ evaluar la inconducta funcional que habría cometido dicho Juez Supremo por haber conocido y tramitado la Casación N° 1095-2021, en el que ha sido presidente de Sala Penal Permanente y ponente del recurso de calificación de dicha casación.
Dicha casación tiene como partes que buscan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a Jorge Danos Ordoñez y Ana Sofia Reyna Palacios quienes presentaron en la Sala Penal Nacional una excepción de improcedencia de acción por haber sido comprendidos en el delito de colusión ilegal al haber emitido un Informe como integrantes del Estudio Echecopar y ser asesores de Proinversión en el marco del proyecto Gasoducto Sur Peruano, conformado por la empresa Odebrecht y la empresa española ENAGAS Internacional a quienes se les terminó otorgando la buena pro.
ACUSACIÓN
A San Martín se le acusa -señala el portal web Sudaca- de no ser un juez imparcial en el conocimiento de la Casación N° 1095-2021 por dos hechos: a) mantener una amistad notoria con los abogados de los procesados Danos Ordoñez y Reyna Palacios, en especial, con Luis Vargas Valdivia y José Ugaz Sánchez Moreno socios del estudio Benites, Vargas & Ugaz; y, b) porque en el proceso penal que lleva la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, el abogado de César San Martín ante la Junta Nacional de Justicia, Carlos Caro Coria, se encuentra defendiendo también a los representantes de la empresa española, David San Frutos Tomé y Jesús Luis Saldaña Fernández.
La Fiscalía considera que si la casación es favorable a los intereses de los procesados, dicha decisión puede favorecer a los defendidos del abogado Carlos Caro.
Para los fiscales llama la atención que San Martín haya variado su proceder histórico de inhibirse de todos los casos Lava Jato y que últimamente, sin motivación, haya cambiado de proceder.
CUELLOS BLANCOS
Vela Barba recordó esta semana que “el doctor César San Martín tenía un proceso disciplinario en la JNJ por una conversación legal que se grabó en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto con el señor Walter Ríos […] su abogado fue Carlos Caro Coria […] que también es abogado de Enagas y sus exejecutivos”.
Esto que calificó como un grave conflicto de interés motiva su pedido, respaldado por el fiscal supremo Pablo Sánchez, para que San Martín se inhiba de la casación, y del informe enviado a la JNJ. Según Vela Barba, no tiene ningún interés en evitar la ratificación del juez supremo.
“Hay cuestiones sospechosas que hemos puesto de conocimiento de la JNJ y la Fiscalía Suprema respecto a la conducta del juez supremo César San Martín, que antes se inhibía permanentemente en los casos Lava Jato y de un momento a otro ha dejado de hacerlo, pese a tener grandes impedimentos para poder incluso dudar de su imparcialidad”, dijo.
Agregó que “su nombre estuvo vinculado a las agendas de Nadine Heredia, pero de un momento a otro San Martín ha asumido una conducta proactiva. Además, acreditó defensa legal –en la JNJ– un abogado que es defensor en los casos en que él participa”.
INHIBICIÓN
La Fiscalía Suprema ha presentado el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el jurista Dino Carlos Caro Coria, quien es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional.
Al respecto, Caro Coria ha señalado que no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.
Cabe indicar que la Sala Penal Permanente resolvió el 20 de setiembre de este año el pedido de inhibición que presentaron en julio del 2022 la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht y la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal declarando infundada dicha solicitud que cuestionaba la imparcialidad del juez San Martín.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia decidió declarar infundada la solicitud de inhibición.
Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.
CASO CLAVE
El penalista Luis Lamas Puccio consideró que el juez César San Martín debería inhibirse ante la casación que estaría por resolverse el próximo 2 de noviembre y que definirá si los aportes vinculados a Odebrecht a la campaña de Ollantra Humala son o no ilícitos.
Para Lamas Puccio el resultado de esta casación podría trascender en los demás casos Lava Jato.
EVALUACIÓN
El juez supremo César San Martín será evaluado -en una entrevista personal- en unas semanas por el pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta cita forma parte del proceso de evaluación integral y ratificación al que son sometidos seis jueces de la Corte Suprema.
La JNJ infirmó que las entrevistas personales serán del 14 de noviembre al 14 de diciembre.
Los otros jueces que también buscan ser ratificados son: Javier Arévalo, Elvia Barrios (actual presidenta del PJ), Víctor Prado, Jorge Salas y Janet Tello.
