En marzo de 2019, fiscales de Lava Jato y autoridades de Brasil firmaron un documento clave para el caso Lava Jato. Se trataba del “Acta de entendimiento, cooperación internacional Perú Brasil”, un paso fundamental para obtener las confesiones de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS.

Este acuerdo era vital para las investigaciones en Perú, especialmente las que involucraban a Susana Villarán por presuntos aportes a la campaña del ‘No a la revocatoria’. Sin embargo, la colaboración eficaz con el empresario brasileño nunca se concretó, y la versión oficial apuntaba a una negativa del investigado.

Los fiscales del Equipo Especial, Rafael Vela y Silvana Carrión, sostuvieron que el acuerdo no se cerró porque Leo Pinheiro se negó a pagar la reparación civil correspondiente. No obstante, un documento revela detalles que ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que se pactó en aquel entonces.

El acta de entendimiento, revelado por el programa de Milagros Leiva, contiene una cláusula que detalla los compromisos asumidos por la parte peruana. El documento señala textualmente el “compromiso de no utilizar los elementos probatorios resultantes contra José Adelmário Pinheiro Filho, ni procesarlo civil, administrativa o criminalmente”.

Este punto es central, ya que la razón pública para el fracaso de la colaboración eficaz fue precisamente la exigencia del pago de una reparación civil. El acuerdo inicial, sellado en Brasil, parece haber establecido condiciones distintas, lo que genera interrogantes sobre las negociaciones posteriores.

Las firmas que validan este documento son las del fiscal superior Rafael Vela, el fiscal provincial José Domingo Pérez y el entonces procurador ad hoc del caso, Jorge Ramírez. Dicho acuerdo sentó las bases para una cooperación internacional que prometía ser un hito en la lucha contra la corrupción.

A pesar del compromiso de no procesamiento, el mismo documento advertía sobre la fragilidad del pacto. En otra de sus cláusulas, se aclara que, si bien nada obstaculizaba la negociación, “no hay garantía que el acuerdo presentado sea homologado”. La homologación es la validación judicial indispensable para que una colaboración eficaz tenga vigencia legal.

Expertos legales, como el abogado penalista Andy Carrión, señalan que el hecho de que no se haya homologado es un punto crítico. Por su parte, el exprocurador Christian Salas calificó como irregular la cláusula que eximía a Pinheiro de un proceso civil.

José Domingo Pérez ha manifestado no tener conocimiento de un proceso de adhesión formal en este caso de colaboración eficaz. Sin embargo, la existencia de un preacuerdo con su firma plantea un escenario complejo que ha sido objeto de análisis.

El proceso de corroboración de la información proporcionada por Leo Pinheiro culminó en 2023. Hoy, el caso avanza sin su testimonio como colaborador. La fiscalía asegura contar con otros elementos probatorios para sostener la acusación, pero la pieza que se consideraba central en la investigación se ha desvanecido en medio de versiones y documentos que muestran una historia con más matices de los que se conocían.