Por liderar organización criminal que entregaba obras públicas a cambios de coimas
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
De acuerdo al comunicado del Ministerio Público, el presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política.
“El presidente de la República fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, se informa.
El pasado 6 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.
La fiscalía indaga si ellos integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezada por el presidente Pedro Castillo.
Los congresistas de Acción Popular son identificados como ‘Los Niños’, y presuntamente obedecían órdenes del presidente Castillo.
Según la fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero se encargó de captar y negociar con empresarios y estuvo conformado por el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El otro grupo se encargó presuntamente de la ejecución del delito y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. Ellos se habrían encargado de materializar el favorecimiento a determinadas empresas.
De acuerdo con la fiscalía, la organización tuvo una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles. El Ministerio Público señala que el exministro Silva Villegas, probablemente en contubernio con algún otro alto funcionario del Estado, habría formado parte del primer nivel de la presunta organización criminal.
