Entre los acusados hay funcionarios de Sedapal y representantes de la empresa brasileña Camargo Correa.
El Ministerio Público hizo nueva acusación dentro del caso Lava Jato por presunta corrupción en el megaproyecto de agua potable en Huachipa. La obra incluye la bocatoma, la planta de tratamiento y el Ramal Norte, y está bajo investigación por irregularidades en su ejecución.
El proyecto, ejecutado por el Consorcio Huachipa, tenía como objetivo mejorar el acceso al agua potable en Lima Este, beneficiando a más de dos millones de ciudadanos. Sin embargo, diversas fallas en su implementación lo han mantenido bajo la lupa de la justicia.
La acusación ha sido presentada por el Equipo Especial Lava Jato, encabezado por el fiscal superior Rafael Vela Barba. En total, 12 personas están comprendidas en la investigación, incluyendo exfuncionarios de Sedapal, supervisores de obra y dos representantes de la constructora brasileña Camargo Correa. El Ministerio Público les imputa los delitos de colusión, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico, todos en perjuicio del Estado, representado por Sedapal.
Según el documento fiscal, los implicados habrían incurrido en actos ilícitos durante la adjudicación y desarrollo del megaproyecto de saneamiento, inaugurado parcialmente en 2011. Las penas solicitadas por la Fiscalía van desde los 9 hasta los 15 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada acusado.
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Esta acción se suma a un total de 25 acusaciones formales presentadas por el Equipo Especial desde su creación en 2016. La obra de Huachipa ha sido uno de los proyectos más emblemáticos en el sector de saneamiento, pero también uno de los más controvertidos. Entre los principales cuestionamientos figuran sobrecostos, retrasos en la entrega de la infraestructura, así como deficiencias técnicas que limitaron su operatividad.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de mejorar los sistemas de control y fiscalización en la ejecución de grandes obras públicas. Además, evidencia cómo la corrupción ha afectado directamente proyectos diseñados para mejorar servicios básicos en zonas con alta demanda.
El Poder Judicial evaluará el requerimiento fiscal en las próximas semanas. Mientras tanto, Sedapal y otros organismos estatales vinculados continúan bajo observación por parte de la Contraloría y otros entes de control.
