El Ministerio Público alertó sobre el riesgo de una posible fuga por parte de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el proceso judicial por haber recibido coimas de la empresa Odebrecht. La acusación fue realizada a través de una audiencia pública.
Ella es investigada por el delito de asociación ilícita tras recibir aportes de Odebrecht para campaña «No a la revocatoria 2013».
El argumento de la Fiscalía es la ausencia de la exalcaldesa en el registro de firma biométrica. Villarán no se presentó a este control durante dos fechas. Según la defensa legal de la exburgomaestra, su inasistencia se debió a un «impedimento de salud».
«Mi patrocinada tenía que firmar en dos expedientes, ambos el 16 de noviembre. No pudo acercarse a la firma biométrica por impedimento de salud. (…) El juez dice que mi patrocinada, al no haber firmado el 16 de noviembre del 2023, estaría generando un peligro de fuga», explicó.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que solo se presentó una copia simple de una cita de salud, lo que no es suficiente para constatar una enfermedad.
«Ese documento por sí mismo no revela una situación de enfermedad tal, que haya impedido a la acusada de acudir a su control biométrico. (…) No se presentó ni descanso médico ni receta», señaló el Ministerio Público.
De otro lado, se informó que el Poder Judicial se pronunciará sobre los pedidos de sobreseimiento formulados durante el control de acusación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán hoy viernes 9 de agosto desde las 5:00 p.m.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional informó que ya se agotó el tema de las excepciones y que el viernes se culminarán con las pretensiones penales de sobreseimientos.
Cabe mencionar que la exalcaldesa viene cumpliendo una detención domiciliaria mientras es investigada por los presuntos sobornos que habría recibido por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Según la tesis fiscal, la finalidad era favorecer a ambas compañías con adendas en el contrato del Proyecto Línea Amarilla en el 2012, razón por la cual la exburgomaestre fue acusada del presunto delito de asociación ilícita.
De este modo, se permitió el reajuste de las tarifas del peaje en las vías administradas por Lamsac en el año 2013. A cambio de ello, Villarán de la Puente recibió aportes para su campaña para evitar ser revocada y para reelegirse en el 2014.
En agosto del 2022 el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó la acusación contra la exalcaldesa de Lima y pidió 29 años de cárcel por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de Odebrecht y OAS para continuar en el
municipio.
