El Ministerio Público intervino la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Lima para realizar una diligencia ante la presunta contratación irregular de funcionarios en su Dirección de Servicios Disciplinarios (DPP), un caso expuesto en la víspera por Punto Final.
El sexto despacho de la Primera Fiscalía especializada en delitos de Corrupción llegó a las oficinas del distrito de San Isidro para solicitar expedientes administrativos, contratos, órdenes de servicio y currículums de personal. La recolección de información se extendió por casi dos horas y contó con la participación de Imelda Tumialán, titular de la JNJ.
“Nos hemos entrevistado con la presidenta, el vicepresidente de la JNJ [Aldo Vásquez] y los señores que van a ser investigados. Posteriormente, se les va a citar para que vayan a declarar”, dijo el fiscal Juan Carlos Zúñiga a la salida del procedimiento por presunto delito de negociación incompatible.
Un reportaje del programa Punto Final reveló que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional en una cevichería para acceder a la entidad.
Los involucrados en este caso trabajan en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, al mando de la abogada Marielka Nepo Linares. A esa área entró Frank Fernández Echevarría, quien ingresó a la institución como practicante y escaló posiciones hasta obtener una plaza mediante la modalidad de contrato CAS, con el cargo de analista.
Allí recibe una remuneración de S/ 8 mil mensuales desde septiembre del 2022. Sin embargo, él incluyó en su currículum vitae una constancia de trabajo como abogado de la cevichería “La Tremenda Corte” y como personal del área legal de un gimnasio llamado “Millenium”.
De acuerdo con Punto final, la citada dirección de la JNJ empezó a contratar a allegados a Fernández cuando este obtuvo el cargo de analista. Uno de los supuestos beneficiados es Johan Castillo de la Cruz, quien consiguió una orden de servicios de S/ 10 mil por 45 días de trabajo y un contrato CAS por S/ 4 mil mensuales entre 2021 y 2022. Su función fue armar y revisar expedientes. Lo llamativo es que se trata del fundador de la cevichería «La Tremenda Corte».
