Ministerio Público inició diligencias por 120 días por delito contra la administración pública.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dispuso iniciar una investigación preliminar por el plazo de 120 días a raíz de la compra que ejecutó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) de 14 compactadoras.
La intervención fiscal se origina luego que la municipalidad aceptara exonerar al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú del pago de penalidades y le otorgara un plazo adicional para que cumpla con entregar esta costosa maquinaria.
Las indagaciones preliminares contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública están a cargo del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Se pudo conocer que este caso recaerá en manos de la fiscal Karim Ninaquispe Gil. Sin embargo, la magistrada tiene una investigación pendiente por el alquiler de 10 compactadoras que pagó la Municipalidad Provincial de Chiclayo en 2019 a la empresa Veolia.
Pese a que se concluyó el peritaje y la Contraloría remitió su informe, donde advierte responsabilidades penales y administrativas por dicha licitación, la fiscal aún no ha presentado su requerimiento de acusación al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
Cabe recordar que el caso Veolia involucra al alcalde Marcos Gasco Arrobas y 10 exfuncionarios ediles, por el presunto delito de colusión agraviada, así como a 11 regidores por el delito de omisión de funciones al haber aprobado la declaratoria de desabastecimiento inminente en el servicio de limpieza pública, la cual permitió contratar a la empresa.
El regidor Andrés Puell Varas consideró que la investigación debe desarrollarse con celeridad, en vista de que ya existen otros procesos que la Fiscalía sigue contra el alcalde y aún no concluyen.
