Congresistas fueron denunciados por ‘mochasueldos, uso indebido de cargo y peculado
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra los congresistas Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Rosselli Amuruz (Avanza País) y David Jiménez Heredia (Fuerza Popular).
En el caso de Magaly Ruiz, es investigada por recortar sueldos a sus extrabajadores y contratar al hermano de un fiscal.
De acuerdo Según al Ministerio Público, la congresista Magaly Ruiz Rodríguez incurrió en la presunta instigación a la comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
La denuncia constitucional contra Rosselli Amuruz es por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
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Según la Fiscalía, la legisladora habría intervenido en la contratación de personas allegadas a su pareja. Así, el Ministerio Público presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Rosselli Amuruz, al haber contratado en el Parlamento a personas allegadas a su pareja sentimental, el exlegislador Paul García.
En una publicación en su cuenta de “X”, la Fiscalía precisa que los hechos imputados están referidos a que la investigada habría intervenido en la contratación de Erick Alexander Enrique Tirado, Alejandra García Oviedo y Angie de Glady Gómez Acosta, en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e imagen Institucional del Congreso.
Finalmente, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra David Jiménez Heredia por presunto autor del delito de peculado doloso por utilización, en agravio del Estado.
Los hechos imputados contra el congresista están referidos a la utilización de los servicios de Ángela Guadalupe Noblejas Pomazongo, personal del Congreso de la República, en el instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Franklin Roosevelt E.I.R.L.
David Jiménez habría usado a la administradora de su despacho congresal para realizar trabajos en el instituto del legislador. Esto fue considerado como agravio al Estado, por lo que la Procuraduría pidió demandar al parlamentario.
