Medidas también alcanzan a otros funcionarios de la PCM y el Ministerio de Defensa.
Ante la difusión de un audio en el que se comprobaría el favorecimiento con un puesto de trabajo a Yaziré Pinedo por parte de Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros, la Fiscalía anunció diligencias preliminares. A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se comunicó que el premier sería investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y patrocinio ilegal.
Además, se iniciaron indagaciones “contra Christian Antonio Flores Magino, jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, como presunto autor del delito contra la administración pública – negociación incompatible, en agravio del Estado; y contra Luis Ricardo Obeso Julca, director de Abastecimiento del Ministerio de Defensa, como presunto autor del delito contra la administración pública – negociación incompatible, en agravio del Estado”.
“Ello, por los hechos vinculados a la contratación de Yazire Pinedo Vázquez en el Ministerio de Defensa y por la gestión realizada para su contratación en la Presidencia del Consejo de Ministros”, se menciona en el pronunciamiento.
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Aunque aún no se ha confirmado su salida, todo apunta a que su permanencia en el Ejecutivo tendría las horas contadas.
Pese a que todavía no se ha formalizado su salida del cargo, la jefa de Estado se encuentra segura de la separación del aún premier y en la lista de sucesores estaría, en primer lugar, Julio Javier Demartini Montes, actual encargado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ante el cambio, la cartera pasaría a manos de la viceministra Jessica Niño de Guzmán.
En respuesta, el titular de la PCM aclaró que, al llegar al país, aclarará el informe difundido en Panorama y reiteró que no cometió “ningún acto ilegal”.
