La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informó que ha iniciado una investigación preliminar contra Dina Boluarte Zegarra, actual presidenta de la República. Esta acción se da por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y, alternativamente, por el supuesto delito de abandono de cargo.
Según el comunicado oficial, los hechos investigados están relacionados con la omisión de comunicar el impedimento temporal para ejercer el cargo presidencial entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Este periodo corresponde a un procedimiento quirúrgico al que fue sometida Boluarte, durante el cual, según se alega, no notificó oficialmente su situación al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República, como lo exige la normativa vigente.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley en todos los niveles, en un caso que podría tener implicancias significativas para la presidencia y la gestión gubernamental.
De otro lado, la congresista Margot Palacios presentó una denuncia constitucional contra la presidenta por infringir la Constitución al haberse ausentado del cargo y generado un vacío de poder cuando se realizó este procedimiento.
En documento remitido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, la parlamentaria también acusa a Dina Boluarte por los delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones, por no haber comunicado al Congreso que se realizaría la cirugía.
Según Palacios, como la presidenta entró en incapacidad temporal mientras le operaban la nariz, debió informar al Parlamento para que se proceda con la sucesión constitucional. En este caso, ante la ausencia de un vicepresidente, el presidente de la Mesa Directiva era quien debía quedarse a cargo de la Presidencia de la República.
Como Boluarte Zegarra no informó de su ausencia, no permitió el encargo de la Presidencia, usurpando la función de José Williams, quien ese entonces era el titular de la Mesa Directiva, y debió ser quien se quede en el cargo.
“Al haberse negado a solicitar la suspensión, y al no haber permitido que se proceda a encargar la Presidencia, ha reiterado su incapacidad moral manifestada ya en otras circunstancias, como por ejemplo en su injerencia en designaciones del personal diplomático”, señala el punto cinco del oficio.
Para la congresista Dina Boluarte, puso en riesgo al Estado peruano al no haber comunicado su situación médica, ni siquiera a personas de su entorno cercano, como los ministros, por lo que también debería proceder su vacancia por incapacidad moral.
