A sugerencia de ONG IDL, Mariano Cucho -exjefe de la ONPE y hombre de confianza de Pablo Sánchez- contrató a abogado suizo Stefan Lenz.
“¡Ah, excelente! Ese sería un golazo, porque él conoce y ha contribuido de una manera muy importante, y ahora al no estar ya vinculado al sistema fiscal ahí puede colaborar, me imagino, más profundamente e intensamente con usted”, decía el 14 de febrero del 2017 Glatzer Tuesta, de la ONG Instituto de Defensa Legal, al fiscal Rafael Vela.
Según el portal Manifiesto, Tuesta se refería a Stefan Lenz, quien desde la fiscalía de Suiza había colaborado en el bloqueo de más de mil cuentas por 800 millones de dólares -casi 200 derivados a Brasil, junto a documentación financiera de políticos sobornados- respecto al caso Lava Jato.
El 2 de mayo de ese año, Lenz no había sido contratado, por lo cual Gustavo Gorriti publicó este hecho como una “denuncia”, y de inmediato el Ministerio Público -a cargo de Pablo Sánchez- anunció oficialmente que se reuniría para contratar al suizo.
Esto se hizo realidad el 9 de agosto del 2017, cuando el europeo y Mariano Cucho, gerente general del MP, firmaron en Lima el Contrato 035-2017-MP-FN-GG con el concepto de “Servicio abogado especializado en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos”. Se le iba a pagar 660,000 soles al exfiscal.
“Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos (nacionales y extranjeros), seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato”, se lee en el documento.
Exceptuada de la Ley de Contrataciones -porque el servicio se basaba en recopilar información en la misma Suiza-, la paga a Lenz requería que se presente un primer informe sobre su plan de trabajo 7 días después, un segundo informe 40 días después del primero, y uno final dentro de los 43 días calendario siguientes de entregado el segundo.
El plazo total de ejecución era de 90 días, previo visto bueno de fiscales peruanos.
“El equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios es el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlos en un plazo que no excederá de los 10 días calendario de producida la recepción”, se precisa en el contrato.
Es decir, toda la información trabajada por el especialista suizo debía haber llegado en noviembre, y en caso se observaciones, en diciembre. Sin embargo, la gestión de Sánchez nunca informó de sus resultados.
El periodista César Rojas llamó a los teléfonos de la Gerencia General y de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público para averiguar si Lenz había incumplido con el contrato, o simplemente el informe enviado seguía oculto en los archivos. En ambos sitios nos derivaron con otros anexos donde finalmente nadie contestaba.
