Nuevas revelaciones señalan que emisarios de expresidente cobraron coimas por S/ 3.7 millones
La jueza Margarita Salcedo emitió una resolución, en la cual solicitó al fiscal Germán Juárez Atoche que informara a su despacho en un plazo de 24 horas sobre la posible emisión de una acusación fiscal contra el exmandatario Martín Vizcarra, o en su defecto, remitir este asunto a la Mesa de Partes del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.
El propósito era designar a otro fiscal para llevar a cabo lo establecido por la Fiscalía Superior Penal en relación con el delito de colusión simple.
Este requerimiento se da luego de que la Fiscalía Superior Penal rectificara el dictamen del fiscal Germán Juárez Atoche, quien inicialmente había solicitado al Poder Judicial el “sobreseimiento” o “archivo” del delito de colusión simple que involucraba a Martín Vizcarra en el caso ‘Obrainsa’. En su lugar, se ordenó la formulación de una acusación fiscal contra el exmandatario por este cargo.
Es importante precisar que el fiscal Juárez había presentado acusaciones únicamente por el presunto delito de cohecho pasivo propio, solicitando una pena de 15 años de prisión contra Martín Vizcarra.
El delito de colusión simple se castiga, según el Código Penal, con pena privativa de la libertad de entre 3 y 6 años. Por lo que se puede estimar que la nueva pena que el fiscal Germán Juárez solicitará contra Martín Vizcarra sería de entre 18 y 24 años de cárcel.
Actualmente, la jueza Salcedo Guevara está llevando a cabo la “etapa intermedia” o de control de esta acusación fiscal, como un paso previo para determinar si el caso avanza hacia la fase de juicio oral.
El caso ‘Obrainsa’ se inició en marzo de 2021, tras las declaraciones de posibles colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Juárez. Estas declaraciones señalaban presuntos sobornos que Martín Vizcarra habría recibido cuando era gobernador de Moquegua, por parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’, a cambio de favores relacionados con proyectos de infraestructura en la región.
Prisión preventiva
La prisión preventiva se acerca para Carlos Revilla, el exdirector de Provías Descentralizado, cercado por la Fiscalía que aseveró que existen elementos que probarían su participación en el cobro de coimas para beneficiar a empresas con obras durante el gobierno de Martín Vizcarra, el expresidente señalado de ser el cabecilla de la organización Los Intocables de la Corrupción.
El fiscal del Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) José Luis Quispe, sustentó el pedido para que Revilla y otros exfuncionarios implicados en este caso de corrupción cumplan carcelería preventiva por 36 meses.
Durante la audiencia, Quispe señaló que está demostrado que Revilla operaba en estos ilícitos a través de Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Provías, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este coordinaba las reuniones con los representantes de las empresas beneficiadas y recibía el dinero ilícito que les aseguraría las obras. La coima, luego, caía en manos de Revilla y este distribuía las ‘comisiones’.
Estos dos exfuncionarios son señalados de ser los emisarios de Vizcarra en estos sobornos que superarían los 3.7 millones de soles por licitaciones dirigidas que favorecieron a las empresas Las pampas, Samegua y Tintay. La tesis fiscal advierte que la red criminal cobraba el 3.5% del valor de cada obra que se licitaba en Provías.
APUNTE
Colaborador
Villafuerte, hoy acogido a la colaboración eficaz, entregó a la Eficoop, S/ 500 mil, que sería parte de las coimas que la organización criminal de Vizcarra recibió entre 2018 y 2020.
