El fiscal supremo provisional, Alcides Chinchay, solicitó al Poder Judicial extender por 18 meses la prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, en el marco del proceso penal relacionado con el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
La medida fue impuesta el 20 de junio de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que revocó la comparecencia con restricciones que originalmente se le había impuesto a la excongresista. El plazo de la prisión preventiva vencía el jueves 19 de diciembre, pero el miércoles 18, el Ministerio Público solicitó su prolongación.
La Fiscalía también recuerda que, según la declaración de la exsecretaria de la PCM, tras el fracaso del autogolpe, laptops, carteras y otros bienes eran retirados del despacho de la expremier.
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El juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha programado la audiencia en la que se evaluará el pedido de prolongación de la prisión preventiva para el 26 de diciembre a las 12:30 p. m. Mientras tanto, la defensa de la exjefa del gabinete solicita su liberación inmediata, argumentando que mantenerla recluida más allá del plazo establecido sería arbitrario y una grave afectación a sus derechos fundamentales.
La Fiscalía ha solicitado la extensión de la prisión preventiva por dos razones. La primera es el tiempo necesario para desarrollar el juicio contra Chávez y sus coacusados: el expresidente Pedro Castillo, el exministro Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez, y los tres efectivos de la Policía Nacional del Perú involucrados en los hechos.
Se argumenta
La Fiscalía argumenta que, en el plazo solicitado de 18 meses adicionales, se llevaría a cabo el juicio oral en primera instancia, bajo la responsabilidad de la Sala Suprema Penal Especial. Incluso, estima que este plazo podría abarcar también el proceso de apelación. Sin embargo, se señala que, debido a la cantidad considerable de pruebas que deberán ser presentadas y al número de procesados involucrados, es posible que solo se logre emitir el fallo de primera instancia dentro de ese período.
El segundo motivo para solicitar la prolongación es el riesgo de que Betssy Chávez huya de la justicia u obstruya la averiguación de la verdad. Aquí se saca a colación de que la excongresista solicitó al chofer de la PCM que la lleve a la Embajada de México en Perú luego del fallido golpe de Estado, país que había manifestado su voluntad de otorgar asilo político al exmandatario y su familia.
