Tribunal Constitucional debe resolver conflicto.
El Ministerio Público (MP), representado y liderado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de proceso competencial contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En el texto, se advierte una presunta vulneración, “de manera clara y flagrante”, hacia las competencias constitucionales del MP ―asignadas por la Carta Magna― en una “clara violación del Principio de Separación de Poderes”.
“(Se interpone este recurso) por conflicto de competencias y atribuciones directamente asignadas (…) a la Fiscal de la Nación para nombrar a fiscales provisionales de todos los niveles, designar a funcionarios y nombrar a servidores como actos de administración interna”, se indica.
En este contexto, también se denuncia la desnaturalización del objeto y esencia del Procedimiento Administrativo Disciplinario. “(Se ha) trocado un instrumento de indebido “control político” y de mediatización de las facultades de la Fiscal de la Nación”, puntualizan.
El TC deberá resolver este conflicto competencial en un plazo aproximado de cuatro meses.
“A usted, señor presidente del TC, solicitamos: que se admita a trámite (…) y se declare fundada en todos sus extremos y pretensiones anulándose todos los actos que encuentre viciados de incompetencia constitucional”, dice el documento.
En ese sentido, agrega que si bien es cierto que la JNJ se encuentra legitimada para aplicar las sanciones de amonestación, suspensión o destitución a los jueces supremos y a los fiscales supremos (Poder Judicial y Ministerio Público), el organismo está ejerciendo la potestad de manera “indebida y con evidente exceso”.
Ello, a raíz de una serie de investigaciones preliminares que se abrieron en su contra (21 a la fecha), así como, la eventual instauración de procedimientos administrativos disciplinarios e imposiciones de sanciones disciplinarias provenientes de incorrectos criterios interpretativos.
“Viene interfiriendo de modo evidente en el ejercicio de la atribución constitucional de presidencia del Ministerio Público que le corresponde a la fiscal de la Nación como autoridad constitucional, en el normal desarrollo de los actos de gobierno que le son propios (actos de administración interna y de gestión)”, dice Benavides en la demanda.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue autorizada en el Acuerdo N.° 6380 por la Junta de Fiscales Supremos realizada el último, 14 de agosto. En la sesión extraordinaria se le aprobó ejercer el legítimo derecho de interponer la demanda competencial, a través del procurador del Ministerio Público, Alfonso Carrizales Dávila.
Junto al procurador, defenderá los intereses del Ministerio Público el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Según fuentes del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Carta Magna tendrá al menos tres meses para definir si admite a trámite la demanda contra la JNJ.
